Hay centenas de presos políticos en las Américas. Son víctimas de otra serie de delitos perpetrados -con modelo transnacional- por los gobernantes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador/Correa y Argentina/Kirchner, para privar de libertad a ciudadanos señalados como amenaza política, vengarse o sentar precedente de miedo. Los presos políticos del socialismo del siglo XXI son falseados como presos comunes manipulando el sistema de justicia como medio de persecución y control político aplicando leyes infames. Los presos políticos son prisioneros de los regímenes de delincuencia organizada transnacional.
Preso político es la persona física que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Se trata de personas consideradas amenaza política, privadas de su libertad sin que existan razones legales reales, en violación de sus derechos humanos por decisión arbitraria del gobierno, con acusaciones mistificadas como un proceso legal.
El Foro Penal Venezolano, una Institución no gubernamental de asistencia a victimas de violaciones de los derechos humanos describe tres categorías de presos políticos: Categoría 1: Aquellas personas detenidas o condenadas por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. En estos casos el objetivo de la detención es excluir a la persona del mundo político, neutralizarla como factor de movilización social o político, aislándolo así del resto de la población. Categoría 2: Aquellas personas detenidas o condenadas, no por representar una amenaza política individual para el régimen, sino por ser parte de un grupo social al cual es necesario intimidar. En este grupo destacan estudiantes, defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares, activistas sociales y políticos, entre otros. Categoría 3: Aquellas personas que sin que el gobierno los considere una amenaza política de forma individual o parte de un grupo social, son utilizadas por el gobierno para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional.
La característica de los presos políticos de los regímenes instalados y sostenidos por el eje La Habana-Caracas en el siglo XXI es la judicialización. Se trata de la utilización del sistema de justicia para acusar, investigar, realizar detenciones o justificar las ya hechas, iniciar procesos judiciales, producir sentencias y condenas e instituir un sistema penitenciario brutal, con la propaganda de que no hay presos políticos sino políticos presos.
El sistema judicial de Cuba es la parte del régimen totalitario que tiene la función principal de proteger al mismo en lugar de administrar justicia, ha sido el modelo para que Hugo Chávez y Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, establezcan un sistema propio de fiscales y jueces del régimen y de leyes infames como los dos instrumentos para simular y falsificar como delitos comunes los procesos de persecución política.
Ley infame es la norma que elaborada y establecida siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales. Son leyes que los regímenes castrochavistas aprueban con el control que tienen del Poder Legislativo, sostienen con el dominio que tienen del control de constitucionalidad y que aplican con el control que tienen de los fiscales y jueces del régimen.
Anular la irretroactividad de la ley que es un derecho humano, leyes mordaza, modificación de los códigos penales, agravación de penas y nuevos delitos, investigaciones sobre hechos prescritos con nuevas leyes infames, derogación de leyes, anulación de las garantías para el ejercicio de la abogacía, son entre otras el contenido común de las leyes infames usadas en Cuba, Venezuela, Ecuador/Correa, Bolivia, Nicaragua y la Argentina/Kirchner.
Someter a situación de indefensión, asesinato de reputación con control de prensa, amedrentar, acusar y encarcelar a los abogados que defienden casos, perseguir a fiscales y jueces que ya no ejecutan sus atrocidades, describen y prueban -con recurrencia y reincidencia- los delitos de los Castro, Chávez, Maduro, Correa, Ortega, Morales, Kirchner y sus entornos, confesados por los mismo fiscales y jueces que han huido del sistema de crimen organizado al que sirvieron y por los cientos de víctimas que están en las prisiones o en reclusión domiciliaria.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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