Relaciones sexuales que encubren las criminales

Todo comenzó con un escándalo de prostitución masculina del que hicieron parte, desde 2006, cerca de 300 cadetes jovencitos de la Policía Nacional de Colombia a quienes un coronel (Jerson Yair Castellanos) ofrecía en álbumes fotográficos de lujo a ansiosos congresistas que recurrían a esos “servicios” mientras ejercían su trabajo de redactar las leyes en nombre de la sociedad y vigilar la vigencia de la moral en las ramas del poder público.

La investigación inédita que he estado realizando sobre este tema desde hace tres años me ha permitido establecer que congresistas y altos funcionarios de gobierno llegaban a pagar hasta US$ 4.000 por pasar la noche con uno de esos jóvenes prostituidos y también les pagaban con ascensos en la cerrera policial, viajes y regalos de alto costo como gafas o relojes de marca.

Entre la información que he recogido figura que el general Carlos Mena, actual Inspector General de la Policía Nacional, habría sido miembro de la “Comunidad del Anillo”.

Hasta ahora, la evolución de este escándalo ha hecho rodar las cabezas del viceministro de Interior, Carlos Ferro; del controvertido director de la Policía Nacional de Colombia, general Rodolfo Palomino, y de la periodista Vicky Dávila, directora del programa de radio La FM.

La red prostibularia es conocida como “Comunidad del Anillo” y las denuncias periodísticas más documentadas al respecto las hicieron tres años atrás el noticiero de televisión Noticias Uno y el periódico El Espectador, basadas en acusaciones penales hechas por el abogado Jesús Vergara, apoderado de la familia de Lina María Zapata, una cadete de 21 años que apareció muerta el 25 de enero de 2006 en su habitación de la Escuela de Cadetes General Santander con un disparo en la cabeza poco después de advertir, llorando, que denunciaría cómo su novio (también cadete) fue metido en ese carrusel de “servicios sexuales”. Oficialmente, la Policía Nacional sostiene que la chica se suicidó pero la Fiscalía General de la Nación conceptuó que no existe elemento alguno para sostener esa tesis y el abogado Vergara alega que la chica fue asesinada.

“No se pudo concluir que fuera suicidio”, conceptuó la fiscal Esperanza Acevedo Rincón sobre la muerte de la cadete por un disparo en la noche que nadie oyó.

El oficial que hizo la primera denuncia sobre la existencia de la “Comunidad del Anillo” fue el capitán Edwin Orjuela Pimienta, quien fue condenado a 28 años cárcel por secuestro y en 2014 optó por convertirse en informante de la Fiscalía.

El coronel Castellanos (jefe de seguridad del senado) seleccionaba a los miembros de la red de prostitución por medio de visitas a la Escuela de Cadetes y a quienes accedían les daba regalos y dinero. Posteriormente, este papel le fue asignado al mayor Wilmer Torres Orjuela. “Fue el ‘embajador’ que quedó encargado del casting”, sostiene el abogado Vergara. 

Aparte de la cadete Lina María, quien había sido elegida Reina de la Seda en agosto de 2001 por los cultivadores de gusano de seda de Anserma, departamento de Caldas, hay cuatro “suicidados” más, entre ellos el teniente Aurelio Villalobos Flórez que dejó una carta en la que hablaba de hostigamientos sexuales de los que fue víctima desde la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. El manuscrito desapareció de la escena del crimen pero existe fuera de Colombia una copia auténtica de respaldo.

El oficial Oscar Efrén Pérez Lizcano, encargado de proteger la escena del crimen de la cadete Lina María, fue trasladado a la Presidencia de la República y murió de un disparo que supuestamente se le escapó mientras limpiada su arma de reglamento. 

El periodista Daniel Coronell, el columnista más leído del país (publica en la revista Semana y desempeña la vicepresidencia de noticias de Univisión) posteriormente reveló que el coronel Jerson Yair Castellanos, jefe de seguridad del Congreso Nacional y señalado de administrar la “Comunidad del Anillo”, tuvo negocios turbios con el general Palomino, a quien también acusó de otra serie de documentadas irregularidades con las que se habría enriquecido ilícitamente, junto con dos hermanos suyos que también son oficiales y sus subalternos.

Al Coronel Castellanos los miembros de la “Comunidad del Anillo” lo apodaban “Carlos Amparo”.

Los artículos de Coronell minaron el prestigio y la autoridad del general y de la ya desprestigiada Policía, al punto que cada vez que, como cañonazos, salía a la luz uno de ellos la opinión pública quedaba a la espera de que el oficial, en bien de la moral pública, fuera destituido por el presidente, Juan Manuel Santos, cosa que nunca ocurría.

Las corruptelas de Palomino fueron retomadas por la periodista Vicky Dávila, quien aseguró haber recibido 170 correos electrónicos anónimos por medio de los cuales fue informada sobre una operación ilícita de espionaje de la Policía Nacional contra ella, Daniel Coronell, la periodista Claudia Morales, subdirectora del popular programa vespertino de radio La Luciérnaga, y otros que no fueron mencionados.

Ambas periodistas informaron durante un par de meses que el espionaje incluía la intervención de sus teléfonos, correos electrónicos y seguimientos de sus pasos. Luego, advirtieron la posibilidad, basadas en lo que decían sus informantes, de que fueran usados falsos testigos y pruebas prefabricadas para acusarlas de enriquecimiento ilícito. Así, la Policía pasaría del espionaje al sabotaje.

Palomino despreció las acusaciones y su jefe, el Presidente, varias veces declaró que lo mantendría a la cabeza de la Policía Nacional por considerar que no existía ni un sólo elemento de juicio para sacarlo. Posición asombrosa y contraevidente, al menos en cuanto a las documentadas acusaciones, nunca rebatidas, de Daniel Coronell.

Vicky Dávila divulgó al aire que había sostenido una reunión privada con el presidente Santos en la que le ofreció entregarle los 170 correos anónimos que había recibido y, además,  ya había puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Era la historia de dos periodistas seguras de estar documentadas firmemente, con evidencias que Santos, el más alto funcionario del estado, rehusaba recibir para valorarlas y al mismo tiempo negaba su existencia.

El tema de la prostitución homosexual con jovencitos cadetes y oficiales de la Policía fue revivido en octubre pasado por la periodista Dávila con informaciones parciales que apuntaban a la corrupción del general Palomino y a las actividades de la “Comunidad del Anillo”. En el furor de su enfrentamiento con el presidente de la república que desdeñaba todo señalamiento contra la Policía y su director, Dávila optó por publicar en bruto un video, captado hace ocho años con una cámara oculta, que recoge un diálogo y relaciones homosexuales entre el viceministro del Interior, Carlos Ferro, y el entonces teniente y hoy capitán de Policía Anyelo Palacio.

Para la época en que ocurrieron las escenas cuya divulgación causó repudio nacional, Ferro era Senador de la República y Palacio uno de los tenientes enlistados en la “Comunidad del Anillo”. La filmación no prueba nada más que quienes figuran en ella son dos adultos que sostienen una relación sexual consentida por ambos, aunque quien la hizo supuso que con ella tendría un arma reservada para defenderse en caso de un escándalo o de persecución de sus compañeros de filas o superiores.

Hace un año, el ahora capitán Palacio fue hospitalizado por efecto de una crisis nerviosa severa en la que cayó por el agobio de haber sido destituido en primera instancia, relegado a un cargo menor en la Policía de Tránsito de Bogotá y conminado a no poder portar armas. En esas condiciones, entregó la grabación a una periodista del programa La FM para que la conservara y la usara solamente cuando él impartiera su autorización. Algunos meses después de haber sido dado de alta, consiguió que en segunda instancia fuera anulada su destitución, se reincorporó a la Policía Nacional por orden judicial y fue confinado a comandar una estación de policía en la ciudad amazónica de Florencia.

Ayer, domingo, logré contactarlo por medio de un pariente suyo, supe que se encuentra de vacaciones y duerme provisto de un enorme cuchillo para defenderse en el caso de que lleguen a asesinarlo.

El viceministro Ferro renunció a su cargo apenas apareció el video en YouTube, de donde Vicky Dávila se vio precisada a retirarlo horas más tarde, concedió, tomado de la mano de su esposa, un par de entrevistas radiales para palear el escándalo y se silenció. 

No obstante, Ferro figura calladamente entre los implicados por el asesinato de uno de sus mejores amigos,  Segundo Eduardo Díaz, ex secretario de gobierno del departamento de Cundinamarca, cuyo cadáver apareció abandonado en una zanja hace dos años. Mantenía una relación de pareja con su guardaespaldas, el policía raso John Arias, también involucrado en el crimen después del cual pasó a ser miembro especial de la escolta de Ferro.

El caso se ventila en la Corte Suprema de Justicia debido a que a Ferro solamente lo puede juzgar esa instancia porque era senador cuando se cometió el asesinato. El expediente lleva dos años congelado y la única diligencia que se ha practicado ha sido el levantamiento judicial del cadáver.

El coronel Castellanos se retiró de la Policía con honores y se dedicó a la política, gracias a lo cual fue gerente del estatal Instituto Financiero del departamento de Casanare, luego gerenció la controvertida aerolínea nacional de vuelos baratos EasyFly y el año pasado fue gobernador encargado de Casanare, por designación del Presidente Santos, para reemplazar al anterior, destituido por corrupción. Este nombramiento fue influenciado por el vicepresidente, Germán Vargas Lleras.

Lo menos importante en toda esta historia de corrupción, prostitución, impunidad y crímenes silenciados es el video, irresponsablemente divulgado, de relaciones homosexuales consentidas entre dos adultos, que no prueba nada pero se convirtió en tema encarnizado de un país hipócrita y timorato. La atención se desvió hacia el debate bizantino y recurrente sobre la intimidad y los límites del periodismo.

Con un escándalo intrascendente sobre relaciones homosexuales se acalló un asunto más profundo, urgente, complejo y agobiante: el de las relaciones criminales que bullen entre las altas esferas del poder.