La forma coercitiva y punitiva utilizada desde abril por la administración de Nicolás Maduro para reincorporar presencialmente a los trabajadores a sus puestos es un caldo de cultivo en la propagación del rebrote actual de la COVID-19, aseguró el sindicalista Servando Carbone.
El directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público explicó que el proceso de reincorporación física en los sitios de labor se ha realizado desordenadamente y sin planificación.
El representante de Fentrasep señaló que las autoridades relajaron la aplicación de las normas de bioseguridad, como el uso obligatorio del tapaboca, el lavado y/o desinfección de las manos con agua y gel antiséptico y el distanciamiento social, para prevenir el contagio con coronavirus.
«En la actual ola de la COVID-19, el ausentismo laboral es muy alto. Los organismos registran falta del personal de 10%, 20% y hasta 50%», advirtió Carbone.
Denunció que el oficialismo aprieta las tuercas a los trabajadores para que acudan al sitio de labor mediante presiones como amenaza de despido, jubilación adelantada inconsulta y la suspensión del pago del salario y otros beneficios laborales.
«Si el funcionario se ausenta tres días no le entregan la bolsa de comida», dijo. Asimismo, destacó que la decisión del retorno a sus puestos de los empleados y obreros del Estado fue implantada sin consultar a la dirigencia sindical y sin tomar en cuenta si las condiciones de los espacios laborales, oficinas y edificios eran las adecuadas para la nueva normalidad.
Empleados públicos que solicitaron guardar sus nombres en reserva se quejaron de que todavía persisten los problemas de la falta de agua y de conectividad con Internet, baños y tuberías dañados y deterioro en la infraestructura.
«No nos negamos a ir a trabajar. De hecho, después de dos años de inactividad por la pandemia queríamos volver a la oficina, pero las condiciones de calidad de vida y ambiente de trabajo siguen siendo deficientes», contó una funcionaria.
Otro trabajador refirió que el problema del transporte sigue sin resolverse. «No basta que el organismo proporcione un autobús para que recoja y deje a los trabajadores en un mismo sitio como Plaza Venezuela. Muchos deben pagar doble pasaje de lunes a viernes pues viven en zonas alejadas de Caracas, Valles del Tuy, La Guaira, Guarenas-Guatire o los Altos Mirandinos. El salario se va en pasaje», sostuvo.
Carbone precisó que el achatamiento de los sueldos del tabulador y la eliminación del bono de transporte hacen muy difícil costear el traslado diario del hogar al sitio de trabajo y viceversa.
«En lugar de buscar una solución de un ingreso suficiente, a los trabajadores se les amenaza», manifestó el sindicalista. Insistió en que la bolsa de alimentos es un beneficio importante para compensar los bajos salarios.
«La gente va a trabajar y a recoger la bolsa aunque esté enferma, lo cual -en medio de este nuevo rebrote de COVID-19- genera una mayor propagación del virus», advirtió el sindicalista.