Chevron tiene hasta el 3 de abril para liquidar sus operaciones en Venezuela, de acuerdo con la Licencia No. 41A emitida el 4 de marzo por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro. La decisión tendrá -como reiteran expertos- severas consecuencias en la industria petrolera venezolana, la economía del país y en los ciudadanos, al agudizarse la crisis humanitaria.
También alertan que la medida atenta contra los propios intereses de Estados Unidos, al abrirles las puertas del continente a “rivales geopolíticos” como China, Irán, Rusia -y más recientemente Algeria- y advierten que se trata de “actores” que ahora podrán seguir profundizando su influencia no solo en Venezuela, sino en el resto de la región.
“Esto es un duro golpe para la economía venezolana y seguramente alentará a miles de venezolanos a dejar el país”, aseveró Patricia Garip, periodista especializada en recursos naturales, clima y geopolítica en América Latina, durante el foro Analyzing the Venezuela Sanctions Update, transmitido por el Atlantic Council, el pasado miércoles, por X Space.
David Goldwyn, presidente de Goldwyn Global Strategies y otro de los ponentes, afirmó que el gran descuento que recibirá China -que «seguramente se volverá a convertir en el principal mercado”- por el crudo venezolano significará menos dinero para Venezuela, lo que contribuirá a su declive económico, como en el primer periodo de máxima presión de Donald Trump. “Esto agravará nuevamente la migración y aumentará la influencia de China y de otros adversarios”.
Para el experto, “el régimen de Maduro va a estar bien, pero los venezolanos no porque el gobierno no va a obtener suficientes ingresos vendiendo a descuento para mantener las operaciones y sostener al régimen, y además proveer para el resto de la población. Por eso fue que vimos caer el PIB y la crisis humanitaria en Venezuela la primera vez”.
De hecho, Francisco Rodríguez, economista y profesor de la Escuela Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver, pronostica que con la revocación de la licencia de Chevron la economía venezolana se contraerá 9,6% en cinco años, lo que aumentará la pobreza y el flujo migratorio.
En su artículo How sanctions on Venezuela fueled a migrant exodus, publicado en el portal The Hill en enero, aseguró que “restablecer las sanciones de máxima presión daría como resultado que aproximadamente un millón de venezolanos adicionales inmigrarán durante los próximos cinco años en comparación con un escenario base de no sanciones económica”.
Y es precisamente lo que Garip y Goldwyn están percibiendo. “Parece un esfuerzo por restaurar la estrategia que Trump implementó durante su primer mandato, llamada ‘máxima presión’, contra el gobierno de Nicolás Maduro”, aseguró Garip.
Además, con la revocatoria de las licencias petroleras, según Goldwyn, Estados Unidos “le está dando influencia geopolítica a China, Rusia e Irán. Es exactamente lo que vimos en la primera política de ‘máxima presión’: creaste esa relación comercial donde el régimen de Venezuela depende de Irán e Irán se beneficia con la venta de diluentes. China también beneficiándose porque obtiene grandes descuentos en el crudo… Rusia obteniendo petróleo de Venezuela y revendiéndolo en el mercado, forzando un mayor descuento”.
Además de esos tres países, de acuerdo con Garip, aparecerán otros actores. “Nuestro reporteo muestra que Algeria ha enviado personal a Venezuela para reemplazar algunos de los diluentes de Estados Unidos. Así que ya tenemos un nuevo actor… Yo subestimaría la habilidad de Venezuela para sortear esto”.
En su artículo Trump to revoke Venezuela oil licenses, Elías Ferrer, fundador Orinoco Research, recalca que en el último año empresas de Irán, China, Rusia, Turquía y Argelia han estado buscando nuevas oportunidades upstream en Venezuela. “Si bien el gobierno venezolano ha preferido las inversiones estadounidenses y europeas, puede comenzar a facilitar la entrada al mercado de los países orientales”.
En el caso de China, indicó que han sido compañías privadas las que han buscado acuerdos, entre ellas Anhui Erhuan Petroleum y China Concord Petroleum. “En cuanto a Irán, sus empresas estatales han estado prestando servicios a refinerías, pero esta vez NIOC estaría inspeccionando campos petroleros, al menos desde noviembre”.
Por eso, Goldwyn destacó que si la intención de Estados Unidos es tratar de prevenir la influencia de esas naciones en Sudamérica, “no le entregas un país productor de petróleo para que dependa de ellos. China ya tiene una enorme influencia en la región y es probable que sustituya los programas de identificación de Estados Unidos porque es una forma barata de expandir su influencia. Tiene inversiones en desarrollos de infraestructura en Brasil y en otros lugares y ahora tiene un mercado petrolero cautivo”.
El aporte de las empresas occidentales
Ricardo Ríos, analista de entorno, presidente de Poder & Estrategia y miembro de la Asociación Civil Estrategia Ciudadana, también opina que la salida de la petrolera estadounidense “será un golpe muy duro a la economía venezolana”, pero también admite que “tiene mucho peso” el argumento que “la plata que ingresa al Fisco no se retribuye a los venezolanos…”, más aún por “una política sistemática de opacidad de las finanzas públicas”.
Sin embargo, deja claro en una publicación en sus redes sociales que “hay una realidad económica incontestable: las empresas petroleras consumen y gastan (y mucho) en el país. Ese es un consumo que dejará de existir”.
De modo que el aporte de las empresas mixtas con participación extranjera ha sido decisivo para la industria petrolera venezolana. Elías Ferrer detalló en su artículo que las compañías con licencia también son “una fuente vital de divisas”, ya que necesitan comprar bolívares para pagar impuestos, salarios y proveedores.
“Los compran a bancos privados y una gran parte llega a la economía en general. Sin sus operaciones cambiarias, el bolívar recibiría otro golpe, lo que probablemente provocaría una mayor inflación y un mayor empobrecimiento, con la consiguiente ola migratoria”, señaló.
Recordó que en enero de 2025, el joint venture con participación de Chevron aportó 242.000 bpd, o el 23%, de un total de 1.068.000 bpd, según el propio informe mensual de Pdvsa. Repsol, Maurel & Prom y Eni, que también tienen licencias de la OFAC, producen 83.000 más. En total, produjeron el 30% de la producción total de Pdvsa ese mes. Pero sobre estas tres empresas también existe la amenaza de que las licencias específicas que recibieron durante la administración de Joe Biden serán revocadas.
No obstante, de acuerdo con Ferrer, la producción “no caería automáticamente a cero” en todas estas empresas conjuntas, pero “menguaría sin la gestión, el talento y las tecnologías que impulsaron la producción en los últimos dos años. Las operaciones pasarían a manos de Pdvsa por completo y luego podrían transferirse a otras empresas privadas mediante acuerdos de producción compartida”.
Un punto en el que coincide David Goldwyn, quien durante el foro comentó que si bien la estatal venezolana tiene la capacidad para operar las empresas mixtas; así como manejar otras operaciones, no cuenta “con los estándares occidentales de seguridad y mantenimiento ambiental”.
Sostuvo que es “probable que las operaciones se degraden” y que la producción petrolera “decline con el tiempo” porque la capacidad técnica de Pdvsa “no es tan buena”. Tampoco se contará con los diluentes de Estados Unidos “que ayudan a convertir el petróleo venezolano en un producto de exportación”.
Goldwyn explicó que “hasta ahora, la producción de Chevron va directamente a Estados Unidos, pero ahora se regresa al statu quo… El crudo dejará de llegar a Estados Unidos, comenzará a ir a China y no será a precio de mercado, sino a precio subsidiado. China tendrá una posición económica dominante en Venezuela y tendrá una ventaja significativa en cuanto a los precios. Hemos sacado a las empresas estadounidenses y subsidiamos a la economía de China”.
“Lo irónico de esto es que ahora Pdvsa, en vez de recibir 50% de los ingresos del crudo que se venda -previamente el 30% de esas subventas a Estados Unidos se reinvertía en las operaciones y 20% iba para pagar deuda a empresas estadounidenses- recibirá 100% de los ingresos y estará completamente encargadas de las operaciones”, recalcó.
A su criterio, también aumentará la corrupción porque “cuando el Departamento del Tesoro monitoreaba esto, se sabía a dónde iba el dinero: iba al sistema. Ahora no sabremos a dónde va a parar… Había transparencia a lo largo de todo el proceso y el monto que obtenía el gobierno de Venezuela debía pagarse en bolívares. No tenían acceso a dólares y obtenían menos porque tenía que pagarse primero deudas, operaciones y mantenimiento”.
Según Goldwyn, era el camino para reducir el papel del Estado en la economía, lo que “es clave para el empoderamiento del sector privado venezolano, que es fundamental para un cambio democrático. Y ahora le devolviste el control al Estado, que es lo has estado tratando de derrotar todo este tiempo”.
La política de “máxima presión” no depone gobiernos
Donald Trump anunció el 26 de febrero, en su red social Thruth, su decisión de revocar las licencias petroleras a Venezuela, a partir de 1 de marzo, en vista de los pocos avances mostrados por el gobierno de Maduro en cuanto a reformas electorales y su incumplimiento en retomar con celeridad los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.
Pero “viendo más allá de esa publicación” -según el análisis de Garip- “vemos que es una decisión llena de contradicciones. Creo que es el reflejo de desacuerdos internos sobre cómo lidiar con Venezuela”. Y es cuando tanto Garip como Goldwyn expresaron que la revocatoria de la Licencia General 41 era una condición de la delegación de Florida en el Congreso para votar a favor del Proyecto de Ley de Reconciliación, que reforma el presupuesto federal.
No obstante, Goldwyn advierte que “esto no encaja con ‘América primero’ porque pondrá más presión sobre los precios del crudo, cuando Trump ha dicho que quiere bajos precios”.
El analista petrolero José Chalhoub en su artículo U.S. Bondholders Bear the Burden of Sanctions Against Venezuela, publicado en Oilprice.com, también se refiere al “compromiso” de Trump de hacer que el pueblo estadounidense sea “más fuerte y más próspero”. De allí que opine que “este enfoque inquebrantable en el interés nacional es precisamente el enfoque que Estados Unidos debería adoptar con Venezuela: anteponer sus prioridades estratégicas al lobby de diplomáticos extranjeros y grupos de interés locales”.
Y, al igual que otros expertos, insiste en que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no han logrado un cambio político y, además, han perjudicado a los tenedores de bonos estadounidenses, que enfrentan grandes pérdidas por el impago de la deuda de Venezuela por 150.000 millones de dólares.
“Un cambio en la estrategia estadounidense hacia un nuevo compromiso y la inversión extranjera podría impulsar la producción de petróleo y facilitar el pago de la deuda a los acreedores estadounidenses… Al poner los intereses estadounidenses en primer lugar, Estados Unidos no sólo podría ayudar a controlar a sus adversarios, sino también aliviar el sufrimiento de millones de venezolanos”, considera Chalhoub.
Por su parte, José Ignacio Hernández, exprocurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó y consultor independiente, si bien destacó las cuatro preocupaciones que justifican la decisión de revocar la Licencia General 41, no cree que “tenga un gran impacto para democratización de Venezuela”.
Durante su participación en el foro del Atlantic Council, enfatizó que “menos dinero para Maduro significa menos dinero para Venezuela, lo que es un impacto negativo… pero Maduro tenía menos dinero para avanzar en sus políticas clientelares en 2019, cuando estaba en una situación financiera más restrictiva, y el proceso de democratización no fue favorecido”.
Ricardo Ríos también analiza el objetivo de la medida, que se supone «es lograr un cambio de gobierno”. “Este tipo de medidas por sí sola no logra cambios, y está archi comprobado, incluyendo en nuestra historia reciente”, sostiene. Sin embargo, resalta que sí «sacude la mesa, obliga a mover hilos que muchas veces derivan en circunstancias que obligan al gobierno a sentarse a negociar”.
Y sobre si es buena o mala, responde: “Esto es una especie de guerra, en donde las jugadas buscan causar el mayor daño posible al adversario, y en esa dinámica el baremo ‘bueno-malo’ no es justamente el más adecuado. Más bien hay que pensar en términos de eficacia. Por ahora, lo que está garantizado con esta medida es la profundización de la crisis económica, al tiempo que se abre una incertidumbre sobre la eficacia política de la misma”.
A criterio de Goldwyn, desde el punto de vista estratégico, económico, de política exterior y migración, “es simplemente catastrófico e innecesario. Tal vez, con el tiempo, una vez que se apruebe la reconciliación presupuestaria, se revise la política para que realmente responda a los intereses de Estados Unidos y Venezuela”.