El propósito de lo que se llamó el Acuerdo No. 2 de Barbados suscrito entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria -formalmente denominado Acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales de la nación- partía del hecho que después de la firma las partes comenzarían a negociar una posición conjunta para proteger a Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos de la embestida de los acreedores, pero las opciones que se plantearon ni siquiera entraron en fase de conversación, revela el semanario Exclusivas Económicas.
El numeral tercero de ese acuerdo señala que las partes acuerdan “defender los bienes y la propiedad de la empresa Citgo para preservar los intereses vitales y el patrimonio del pueblo venezolano” y el cuarto compromete a las partes -representadas por Jorge Rodríguez, por el gobierno, y Gerardo Blyde, por la oposición- a “hacer esfuerzos para la preservación de los activos de la República en el exterior, así como para la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional”.
Sin embargo, de acuerdo con el semanario, el gobierno de Maduro de entrada estuvo negado a aceptar un representante legal acordado con la Plataforma que fungiera como procurador y tuviera el reconocimiento del gobierno deEstados Unidos.
Tampoco iba a aceptar -según Exclusivas Económicas- a la directiva de Citgo que encabeza Carlos Jordá, como fue una recomendación hecha por parte de representantes del gobierno de Estados Unidos, por mucho que haya logrado mejoras en la situación financiera de la compañía. Y menos admitiría en la negociación con los acreedores a miembros de la directiva de la junta administradora ad hoc de Pdvsa, que encabeza Horacio Medina.
La oposición tampoco ha dado una respuesta conjunta. Por un lado, agrega el semanario, está la posición con sesgo técnico y legal que representa la directiva de Citgo en conjunto con Pdvsa ad hoc y los abogados que se incorporaron a la Procuraduría Especial.
Luego está la directiva de la Asamblea Nacional de 2015 que lidera la dirigente de Primero Justicia, Dinorah Figuera, así como personas que tuvieron un rol en el gobierno interino como Carlos Vecchio, el abogado José Ignacio Hernández e incluso Leopoldo López y hasta el mismo Juan Guaidó.
En el marco de la firma de los acuerdos de Barbados se insistió en la protección de activos, pero al respecto ni Jorge Rodríguez ni Gerardo Blyde volvieron a referirse sobre las implicaciones que tenía el Acuerdo No. 2, asegura Exclusivas Económicas.