En horas de la tarde de este lunes, en su nuevo programa de televisión, Nicolás Maduro anunció que la ex vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, asumiría el Ministerio de Educación Universitaria, puesto que quedó vacante luego de la muerte de Tibisay Lucena.
Oblitas se desempeñaba como rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, designada igualmente por Maduro a su salida del ente comicial venezolano en el año 2020.
Es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) (1994). A partir de 2003 comenzó a trabajar en el CNE, primero supervisando los procesos logísticos del Registro Electoral.
Precisa el portal Poderopedia que “fue asistente técnica para las Oficinas Regionales Electorales, y allí destaca su participación en el Referendo Revocatorio Presidencial de 2004 y las elecciones regionales del mismo año. Ese año participó en el diseño y dio asesoría técnica en cuanto a los procesos de recolección y revisión de las firmas necesarias para el referendo. En 2005 fue directora de la Oficina Regional Electoral de Distrito Capital. Entre 2006 y 2009 fue presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, siendo reelegida para el período 2009-2013. Ese mismo lapso fue elegida vicepresidenta del CNE”.
El 1 de noviembre de 2016 formó parte en Ginebra (Suiza) de la delegación de Venezuela ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que integran 198 países y que tiene por objetivo la evaluación con los compromisos en Derechos Humanos.
El 9 de noviembre de 2017 se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por presuntamente estar relacionado con fraudes electorales, censura a los medios de comunicación y corrupción en los programas de distribución de alimentos. Como consecuencia, todos los bienes de su propiedad en este país serán congelados y tienen la prohibición de la entrada a este país.
El 30 de marzo de 2018 fue sancionada por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tres meses después, el 25 de junio, fue sancionada por la Unión Europea. Se le prohibió viajar a este territorio comunitario y se activó la congelación de los bienes que puedan tener en la organización.
Con información de Poderopedia