Más de 5.000 protestas laborales en el país en lo que va de 2023 no han ablandado la posición del gobierno de Nicolás Maduro y continúa irrespetando el derecho de los trabajadores a un salario digno y suficiente para cubrir el gasto familiar, afirman sindicatos y trabajadores.
Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, sostuvo que por la posición terca del oficialismo «2023 representa el año de la peor crisis para los trabajadores retrotrayéndolos a las condiciones de 2016».
El representante de Fadess insistió en que la política económica gubernamental ha sumido a los trabajadores y sus familias en situación de pobreza extrema debido a la constante devaluación e inflación.
«Los salarios siguen sin moverse desde hace 16 meses. El sueldo mínimo está congelado en 130 bolívares mensuales equivalentes a 3,5 dólares», dijo Guanique.
Alertó que el patrono Estado y los empresarios privados aplican la práctica de sustituir el salario con el pago de bonos sin incidencia en las prestaciones sociales, aguinaldos/utilidades y vacaciones, entre otros emolumentos laborales.
Guanique señaló que la situación más dura la viven los trabajadores de la administración pública con ingresos mensuales de entre 40 y 50 dólares y, para colmo, les pagaron los aguinaldos en cuotas.
Admitió que en el sector privado los trabajadores ganan más (unos 141 dólares al mes en promedio), pero ese monto no cubre el gasto de la canasta alimentaria, la cual en septiembre se colocó en 491 dólares según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros.
La encuestadora Datanálisis reportó que en octubre hubo una ligera recuperación económica en el país de entre 1% y 2%. Asimismo, indicó que si fuesen levantadas todas las sanciones económicas por parte de Estados Unidos el crecimiento en 2024 sería de 9,9%.
En ese sentido, Guanique destacó que la administración de Maduro no tiene intención de mejorar las condiciones de los trabajadores así Estados Unidos levante totalmente las sanciones económicas.
«La flexibilización de las sanciones de marzo y agosto a petroleras extranjeras como Chevron -lo cual les permite expandir sus operaciones en Venezuela- no se ha traducido en mejoras para los trabajadores y el pueblo. Es más, la producción petrolera no aumentó, sino que bajó en septiembre», expresó el sindicalista.
Incredulidad frente a anuncios oficialistas
La vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó recientemente que vienen buenas noticias con anuncios económicos y que «habrá sorpresas».
Por otra parte, afectos oficialistas han asomado en las redes sociales la posibilidad de un aumento del ingreso de los trabajadores para noviembre, pero que a mediados de mes aún no se concreta.
El coordinador de Fadess refirió que los trabajadores «no creen en las promesas y anuncios del gobierno». Alertó que por la falta de trabajo productivo y el bajo ingreso sigue en aumento el número de personas en la economía informal.
Precisó que 7,2 millones de desempleados, jubilados, pensionados y trabajadores del sector formal buscan aumentar el ingreso familiar laborando en la economía informal.
Ese número de trabajadores representa 60% de la población económicamente activa actual de unos 12 millones de personas.
«El chavismo-madurismo ha deteriorado la calidad de vida de los venezolanos con dramáticas carencias en salud, alimentación, educación, vivienda y salarios», recalcó el sindicalista.
Guanique deploró que «se gaste un realero en un referéndum mientras hospitales y escuelas se caen a pedazos y la gente pasa hambre».
Por ello, sostuvo que los trabajadores seguirán en la lucha por el rescate del salario, las prestaciones sociales y la discusión de los contratos colectivos.
En esa dirección, sindicatos del sector público adelantan una campaña de recolección de firmas de trabajadores y jubilados exigiendo incluir los bonos en el salario, la dolarización del salario y la eliminación del Instructivo Onapre.
Asimismo, demandan el pago del ticket alimentación para los jubilados y pensionados y la desincorporación de las nóminas del sistema Patria retornándolas a los entes públicos naturales.