Las numerosas protestas de calle de trabajadores activos, jubilados y pensionados -sobre todo, en 2023 cuando se registraron 4.351 en el primer semestre- evidencian el descontento de estos venezolanos con la política laboral de la administración de Nicolas Maduro.
En este contexto, los candidatos a la elección primaria de la oposicion del 22 de octubre hacen propuestas dirigidas a mejorar las precarias condiciones socioeconomicas de los venezolanos.
Por ejemplo, el candidato Carlos Prosperi, anunció recientemente que -de llegar a Miraflores en los comicios presidenciales de 2024– creará un fondo de pensiones para atender con justicia a los pensionados y jubilados.
La candidata María Corina Machado, rechazó en mayo la decisión de Maduro de congelar en 130 bolívares mensuales el salario mínimo y las pensiones, imponiendo en su lugar un bono de guerra económica y ticket alimentación que no cubre los gastos más básicos del grupo familiar.
Por su parte, las organizaciones sindicales independientes -participantes y no participantes de las mesas de trabajo de Diálogo Social entre el gobierno, empleadores y trabajadores con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- insisten en la necesidad de recuperar el valor del salario y las prestaciones sociales.
Otra exigencia es el funcionamiento adecuado de la Seguridad Social en el área de salud, pensiones y jubilaciones, vivienda y paro forzoso, entre otros derechos laborales devaluados o eliminados por el chavismo-madurismo.
Los sindicalistas han admitido que la agenda de la seguridad social representa una tarea titanica más no imposible.
Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, alertó que, sobre todo a partir de 2018, son muchos los derechos conculcados por el oficialismo a los trabajadores.
«Medidas del gobierno como el Instructivo Onapre (Oficina Central de Presupuesto) y la bonificacion del salario han colocado contra la pared los derechos laborales, desatando la ola indetenible de ptotestas en todo el país», sostuvo el representante de Fadess.
Seguridad Social en el candelero
Guanique destacó que el chavismo-madurismo desmantelo la seguridad social en Venezuela con hospitales y centros asistenciales del Seguro Social colapsados así como la inexistencia de dotación de medicinas por parte de este ente a los trabajadores activos, jubilados y pensionados cotizantes y sus familias.
El también secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), aseguró que además de la parte de salud, el gobierno ha destruido empleos producto del cierre o funcionamiento a media máquina de muchas empresas como consecuencia de sus malas decisiones económicas
«Actualmente cotizan al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 3,5 millones de trabajadores activos del sector formal público y privado, una pequeña porción de una fuerza de trabajo de 11 millones de personas», anotó el sindicalista.
Reveló que 56% de la fuerza de trabajo se desempeña en la economía informal de forma exclusiva o compartida en el caso de quienes tienen empleo formal.
El sindicalista explicó que los trabajadores cien por ciento informales no cotizan a la Seguridad Social.
«Tenemos entonces, una base reducida de trabajadores y patronos que contribuyen con la Seguridad Social, lo que dificulta su sostenibilidad económica», dijo el dirigente de Fadess.
A esto se suma, agregó, que la contribución obrero patronal se calcula con base en el salario devaluado por la bonificacion.
De acuerdo con la Ley, las cotizaciones a la Seguridad Social (prestaciones, salud, vivienda, jubilaciones y paro forzoso, entre otros conceptos) se ubican en 14% del salario, repartido en 10% y 4% entre el empleador y el trabajador, respectivamente.
Guanique insistió que para contar con un sistema de seguridad social económicamente autosustentable en el tiempo es necesario que la economía esté sana.
Esto significa, insistió, expandir la actividad productiva, especialmente en el sector privado, para generar muchos empleos formales y bien remunerados.
Otro requisito es incorporar los bonos al salario para fortalecer los salarios y la base de los aportes obrero-patronales a la seguridad social.
De esta manera, el pote contributorio tendrá recursos para garantizar pensiones y jubilaciones decentes.
Una medida prioritaria de mejora del salario, precisó Guanique, es fijar el salario mínimo vital que cubra el costo de la canasta básica establecido en la Constitución.
«Sea quien sea el que gobierne al país, es importante restablecer a los trabajadores activos, jubilados y pensionados, los derechos laborales conculcados en los últimos años», concluyó el sindicalista.