El secretario del comité de higiene y seguridad del Sindicato de Trabajadores de Aluminios del Caroní (Sintralcasa) y presidente del Movimiento 7, Javier Torres, consignó un documento petitorio en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro para solicitar al jefe inspector el reenganche de un grupo de empleados que fueron despedidos injustificadamente durante la pandemia.
Según la declaración del dirigente sindical, que fue respaldado por trabajadores de Aluminios del Caroní (Alcasa) quienes prefirieron mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, la empresa viene sacando empleados desde 2018, alegando que es necesario sincerar la nómina de la estatal y prescindir del personal no requerido.
En este sentido, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, admitió recientemente que muchos trabajadores no han sido reincorporados a sus puestos debido ya que hay áreas inoperativas en las empresas. No obstante, enfatizó que para diciembre todos los empleados estarían reincorporados.
A pesar de esta promesa, uno de los trabajadores de la compañía se dirigió a la Inspectoría del Trabajo, donde fue asistido por la procuradora Nairobit Aro, y se demostró que el despido fue injustificado, en consecuencia, se emitió una orden de reenganche, la restitución de beneficios y el pago de salarios caídos.
Sin embargo, pese a que la orden fue emitida en 2021, hasta el momento el obrero no ha sido reincorporado a su puesto laboral.
“Le solicito que de la orden de ejecución de reenganche y reingreso a sus puestos de trabajo a los trabajadores de CVG Alcasa a quienes les fueron suspendidos sus salarios, y despedidos con auto de admisión y orden de reenganche en el expediente Nº 051-2021-01-00139, a quienes se les aplicó un despido injustificado según el artículo 79 de la Lottt en plena pandemia de COVID-19”, reza el documento entregado por representantes de Sintralcasa.
En este sentido, el sindicato objetó los despidos fundamentándose en la inamovilidad laboral decretada el 31 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 por el Ejecutivo, lo que significa que la empresa no puede despedir a los trabajadores, a menos que exista una medida cautelar de despido y se demuestre que es un caso excepcional. Sin embargo, el sindicato asevera que se despidieron, al menos, 800 trabajadores de manera injustificada.
El documento petitorio para la verificación de cumplimiento de la orden emitida por la inspectoría fue recibido por el ente, sin embargo, Javier Torres, representante sindical, alegó que ya ha consignado al menos 10 reclamos similares en la institución y esta no cumple con su deber de investigar la situación.
Fuente: Correo del Caroní