A propósito del acuerdo firmado la semana pasada en Barbados entre representantes de la administración de Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria, los trabajadores y jubilados del sector público y los pensionados del Seguro Social retomaron la exigencia del pago de pensiones y salarios dignos.
“Ahora que ingresarán al país más recursos por las exportaciones de petróleo, oro, bauxita y coltán, entre otros minerales, producto del levantamiento parcial de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, es tiempo de que el gobierno atienda la emergencia humanitaria de los trabajadores y jubilados del sector público y los pensionados del Seguro Social”, dijo Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar.
El representante de Fedajupebol señaló que la administración de Maduro «ya no tiene la excusa» de las sanciones para no atender los reclamos laborales y humanitarios.
Recordó que cuando fueron aprobados en enero los recursos de 3.200 millones de dólares como ayuda humanitaria se planteó destinar parte de ese dinero a cumplir obligaciones laborales.
Sin embargo, el dirigente explicó que les informaron que los recursos eran para los sectores eléctrico, salud y educación.
Medina advirtió que los trabajadores y adultos mayores de Venezuela están 14 veces por debajo del indicador de pobreza mundial.
Inequidad laboral
En los diez meses que van de 2023 se registran a diario manifestaciones y protestas laborales en todo el país, Caracas incluida.
Los manifestantes exigen pensiones y salarios dignos que garanticen un nivel adecuado de calidad de vida.
Medina destacó que los empleados y jubilados del sector público y los pensionados del Seguro Social viven el drama de ganar ingresos de hambre.
Los trabajadores del sector público devengan un ingreso mensual de entre 40 y 50 dólares, bastante lejos del costo de la canasta básica -en agosto se ubicó en 491 dólares- reportado por el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros.
Por otra parte, el Ejecutivo mantiene congelados -desde mayo de 2022- en 130 bolívares (3,70 dólares al cambio oficial) mensuales el salario mínimo y las pensiones.
El planteamiento de subir el salario y las pensiones es el reclamo constante del movimiento sindical no oficialista. En ese sentido, la respuesta del gobierno de Maduro ha sido imponer bonos sin incidencia salarial en el sector público.
En el caso de los pensionados del seguro social se les asignó en mayo pasado el bono de guerra económica, llevando el ingreso mensual a 20 dólares.
Medina insistió en que «en lo referente a salarios e ingresos se refiere, estamos en dos Venezuela al comparar el sector público con el privado», tomando en cuenta que el ingreso mensual promedio de los trabajadores del sector privado está entre 150 y 200 dólares.
A modo de ejemplo, Medina refirió que mientras los trabajadores de Pdvsa devengan ingresos de 20 dólares a la semana, Chevron en Venezuela paga a sus empleados 400 dólares y 300 dólares mensuales por concepto del bono de seguridad y producción y el ticket alimentación, respectivamente, además de una póliza de HCM con cobertura de 100.000 dólares.