Hay tres dirigientes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que desde su posición como diputados en la Asamblea Nacional han emprendido una campaña con el proyecto de ley de zonas económicas especiales. Uno es Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas y los otros son José Gregorio Vielma Mora y Nicolás Maduro Guerra, señala el semanario Exclusivas Económicas.
Esta situación ha obligado al viceministro para las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Juan Arias, a salir a la opinión pública e intentar aclarar los alcances de la referida legislación, pero también para advertir sobre algunos cambios que el Parlamento le hizo a la propuesta que originalmente salió de su despacho, agrega la publicación.
“La ley de ZEE no es una panacea. Hay diputados que por la manera de hablar parecieran pensar que las ZEE serán fáciles, que es solo decretar la ley y lo que viene después es éxito. Hay cosas que limitan el éxito de Venezuela”, sentenció Arias.
“Se requiere confianza y la confianza no la genera una ley, sino un conjunto de acciones. Estamos viviendo una situación de bloqueo y vencer el bloqueo con una ley es como poner demasiada carga a un animal. Para nosotros superar el bloqueo no es suficiente ni siquiera la Ley Antibloqueo. La mejor manera de superar el bloqueo es sencillamente que Estados Unidos lo elimine”, agregó.
Explicó que hay aspectos del proyecto original que fueron modificados por la Asamblea Nacional. Según Exclusivas Económicas, el funcionario acepta algunos cambios porque son solo de forma, pero considera que hay otros de fondo que deben ser reincorporados.
- En la propuesta que salió del despacho de Arias se partía de la creación de una superintendencia adscrita a la Vicepresidencia, que toma en cuenta los problemas de gobernabilidad que han tenido las ZEE en otros países. El proyecto aprobado en primera discusión se sustituye por una oficina nacional.
- Originalmente se planteó la necesidad de un proceso de automatización de las aduanas como mecanismo para vencer trabas de ineficiencia y la corrupción. En el proyecto que requiere una segunda discusión parlamentaria se delega el tema aduanero a una competencia de la Oficina Nacional de ZEE y un nuevo organismo que deberá crearse, llamado Centro de Inversiones Productivas.
- El proyecto aprobado elimina el capítulo referido a las sanciones que para Arias es fundamental que vuelva a ser incluido. “En el proyecto aprobado no hay ni un solo ítem que castigue a los saboteadores”, afirma el viceministro.
Adicionalmente, hay una disposición que se mantiene del proyecto original, como es el hecho de que las empresas exportadoras paguen una tasa de 3% de sus ingresos mensuales por ventas al exterior para financiar las operaciones de la Superintendencia u Oficina de ZEE, propuesta que para algunos abogados vinculados a este sector es asumido como un impuesto a las exportaciones, afirma el semanario.
“Los expertos en hacienda dicen que es una tasa y no un impuesto. Se necesita financiamiento para costos operativos y se trata de una contribución para que funcionen las ZEE”, aseguró Arias.
El funcionario aclaró que las ZEE deben diferenciarse de lo que en el pasado han sido las zonas francas o puertos libres básicamente porque las primeras están orientadas a otorgar incentivos fiscales para propiciar la industrialización con la utilización de materias primas y tecnología nacional, mientras que las segundas se centraron solo en fomentar las importaciones.
“Yo estoy casado con las ZEE porque son una forma de estrategia de desarrollo, mientras que las zonas francas o puertos libres son para generar una ilusión de prosperidad sobre la base de las importaciones”, indicó.
Puntualiza Exclusivas Económicas que hasta el momento ese organismo solo tiene determinado cuatro ZEE: el eje Ureña-San Antonio del Táchira, la península de Paraguaná, el eje Morón-Puerto Cabello; y dos áreas industriales en el estado Lara, donde, según comentó, acumulan un volumen de exportación en 2021 por el orden de 6.000 toneladas y están utilizando la vía férrea Barquisimeto-Puerto Cabello. En la lista no figura el estado Nueva Esparta.