Diferentes reportes reafirman la existencia de una supuesta mafia enquistada en los tribunales caraqueños donde, a cambio de altas sumas de dinero, se encubren actividades delictivas especialmente de violencia de género.
La denuncia es realizada por la ciudadana Mery Judith Contreras quien padeció abusos brutales hasta golpes y amenazas con arma de fuego por parte de su exesposo. La víctima señala al padre de sus dos hijos de haber usado su alta influencia en círculos del poder y «cancelar a funcionarios miles de dólares evitando así ser procesado».
Contreras relató como desde 2013 ha sufrido una pesadilla de agresiones físicas y psicológicas al nivel de ser golpeada constantemente y ser amenazada con pistola en mano por su todavía esposo, todo valiéndose de su poder y estatus económico.
“Mi esposo en varias ocasiones puso una pistola en mi cabeza, todo esto lo denuncié ante el Ministerio Público y en Tribunales pero el resultado ha sido una eterna impunidad. Donde actualmente junto a mi hijo me encuentro sin casa porque este sujeto me sacó usando tribunales comprados, a pesar que la vivienda es propiedad de nuestros dos hijos», indicó.
Contreras explicó cómo su expareja introdujo presuntamente una cantidad importante de armamento dentro de la casa, al ser denunciado se le precalificaron delitos de Tráfico ilícito de armas de fuego, usurpación propia de funciones policiales y militares, dado que ostentaba carnet que lo acreditaban como tal. “Para sorpresa este fue beneficiado de una medida cautelar, a pesar que los delitos imputados merecían pena privativa mayor de tres años y dado que el delito de Tráfico Ilícito de Armas de Fuego para el momento de la detención era penado con hasta 25 años. También me llevaron detenida pues este había tratado de inculparme, pero al ser totalmente inocente se me concedió libertad plena”.
Karina Querales, abogada defensora y experta en delitos de violencia de género, explicó que al asumir el caso observó cómo los tribunales eludían tomar decisiones, y cuando había algún tipo de pronunciamiento este era revocado de forma expedita sin ningún asidero jurídico. “Se han dado decenas de despropósitos pero la gota que rebasó el vaso fue cuando encontré la carpeta del expediente con una cinta con el nombre del exesposo de la señora Contreras como etiqueta, demostrando la falta de imparcialidad. Y para colmo en los propios pasillos de tribunales se comentaba sin el mayor pudor que este había cancelado hasta 8 mil dólares en pagar el favor de jueces”, aseguró.
Recalcó que esto debe parar porque lo ocurrido no es un hecho aislado, miles de mujeres venezolanas son abusadas y no hay culpables porque prevalece la impunidad por un sistema corrompido. “Por eso le pedimos al Fiscal General Tarek William Saab investigue a profundidad este caso, está en riesgo la vida de una mujer y un hijo por el uso del poder desmedido y el poner el dinero por encima de la ley”.
Con información de redes sociales