El proceso de facturación y adecuación para el nuevo impuesto en dólares aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) será terrible, aseguró el abogado tributarista, Leonardo Palacios. El gobierno, por políticas erráticas y de omisión, nos lanzó a un proceso de dolarización. Hoy en día la moneda de circulación es el dólar, tolerado por el propio gobierno porque no hay bolívares. Lo que está diciendo es que quieren apoderarse de los dólares, subrayó.
El nuevo impuesto en dólares que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con una modificación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), obliga a los venezolanos a cancelar una sobretasa que va desde 5% a 25%, si realiza pagos o transacciones en divisas o criptomonedas, situación que ha generado incertidumbre para su aplicación y las repercusiones que podría tener en la economía y el sistema tributario.
Lo que persigue el gobierno en forma definitiva es acabar con las transacciones en bolívares. Es la petrificación de la economía a través de esta exigencia diferencial de consumo de ciertos bienes y servicios. En otras palabras, está estableciendo un impuesto específico a los medios de pago en sustitución al impuesto general a las ventas tipo valor agregado. De manera que va a coexistir en una misma ley dos tipos de tributos totalmente distintos, advirtió Palacios.
Considera que el impuesto destinado a algunos servicios es una deformación del IVA. Se deforma la esencia del tributo y se establece un impuesto específico de la ley del IVA originando una mayor presión fiscal, distorsiones importantes que van a perjudicar a la empresa, la productividad, la producción de bienes y servicios y, en consecuencia, habrá mayor inflación. Eso se va a reflejar en los precios generando costos de transacción mucho mayor de los agentes económicos, refirió.
El experto tributario acotó que el único órgano legítimo constitucionalmente hablando para establecer cualquier tipo de carga contributiva es la Asamblea Nacional, en la que deben participar producto de un proceso constitutivo de ley todos los actores involucrados: empresarios, órganos especializados, academias, cámaras de comercio.
Palacios alertó que el difícil control que va a representar la gestión de un tributo que va a tener alícuotas diferenciales, complica la administración de tributos. Lo más grave aún es que va a centralizar todo el control fiscal en un grupo muy reducido de contribuyentes.
Apuntó que la administración de Nicolás Maduro lleva a cabo desde hace tiempo una arremetida fiscal derivada de un régimen de contribuyentes especiales que fue creado manipulando la unidad tributaria.
Eso generó que el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado se convirtieran en impuestos al flujo de caja. La voracidad fiscal incontrolable desde 2018 generada por el Ejecutivo, sin control de legalidad por el Poder Judicial, ha llevado a un colapso al sector empresarial y a que muchas compañías tiendan a informalizarse. Lleva a que el control fiscal se centre en un número reducido de contribuyentes y genera altos márgenes de evasión, expuso el experto en materia tributaria.
Aseguró que el Seniat no tiene capacidad para llevar a cabo las modificaciones en la ley de impuestos: La plataforma del Seniat está colapsada. Hemos visto las improvisaciones con el pago del petro. Vamos a tener grandes trabas a nivel de comercialización y eso va a llevar a un tema muy difícil para las transacciones internas entre los agentes económicos y la población.
Todo esto genera una gran incertidumbre, complejidad e ilegalidad, porque todo se lo dejan para la definición de la administración tributaria, indicó Palacios. No han podido con la plataforma, han tenido un colapso, ahora imagínate con esta complicación que tienen. Además, el Seniat tiene un problema de capacidad de fiscalización importante.