Declaración de EEUU e interinato de Guaidó
Maduro debe rendir cuentas y enfrentar la justicia por sus crímenes
En una declaración conjunta, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno interino que preside Juan Guaidó aseguran que reconocen la degradación del Estado de Derecho en Venezuela debido a la falta de voluntad del régimen ilegítimo de Maduro para detener el narcotráfico y erradicar los elementos criminales que explotan a todos. esquina de Venezuela.
Agregan que Nicolás Maduro, el ilegítimo dictador venezolano y capo de la droga, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela. Para promover la seguridad del pueblo venezolano y de nuestro hemisferio, el ilegítimo régimen narco de Maduro debe rendir cuentas y enfrentar la justicia por sus crímenes.
A propósito de ello, advierten que tanto la administración de Estados Unidos como el interinato siguen comprometidos con detener el transbordo de drogas a través de Venezuela, prevenir el cultivo y consumo ilícito de drogas, combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen e impedir el lavado de dinero y las redes criminales relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos.
Indican que el 24 de noviembre de este año sostuvieron un encuentro con países de ideas afines para una reunión de trabajo sobre cómo abordar el crimen transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas relacionadas facilitadas por la falta de Estado de Derecho en Venezuela.
Tras esa reunión, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno provisional de Venezuela expresaron su apoyo a los siguientes principios de cooperación:
-Subrayar nuestro compromiso con los principios consagrados en los tratados de drogas de la ONU, incluida la Convención de 1961, enmendada, la Convención de 1971 y la Convención de 1988;
-Mejorar el intercambio de información sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minerales ilegales; la trata de personas, incluido el trabajo forzoso, la delincuencia forzada, la trata sexual y el reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados; y tendencias e investigaciones sobre lavado de dinero;
-Proseguir la cooperación regional para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, la trata de personas en todas sus formas y la delincuencia conexa;
-Continuar con las sanciones dirigidas a personas clave involucradas en el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su movimiento internacional y sus transacciones financieras;
-Suscribirse a políticas de reducción de la demanda de drogas basadas en pruebas científicas centradas en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, incluidas las normas internacionales sobre prevención y tratamiento de trastornos por consumo de drogas;
-Reafirmar las obligaciones anticorrupción asumidas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción;
-Promover los principios de asociación, cooperación informal, transparencia y responsabilidad en la recuperación de activos robados;
-Prometer cooperar contra todas las formas de crimen organizado transnacional y reafirmar nuestros compromisos asumidos bajo la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos relevantes; en particular, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; y
-Reconocer la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades pertinentes para mejorar la seguridad pública dentro de Venezuela y tomar las acciones antes mencionadas contra el crimen y la corrupción que han surgido en Venezuela debido a la falta de Estado de Derecho bajo el presidente ilegítimo Nicolás Maduro.