El Secretario General del Sindicato Nacional de Funcionarios de Carrera Legislativa y Trabajadores de la Asamblea Nacional (Sinfucan), José Vicente Rivero, expresó que el acto administrativo que se está llevando a cabo por parte del diputado Luis Parra para Sinfucan no tiene ninguna validez.
La elección con la que Parra se juramentó como presidente del Poder Legislativo posee vicios de nulidad, y en consecuencia, no es un acto legal y legítimo, por lo cual en Sinfucan consideramos que no puede ejercer actos administrativos que solo competen al presidente de la Asamblea Nacional, detalló Rivero.
El 9 de enero, Parra despidió a los directores generales, directores de línea, coordinadores y jefes de divisiones, de manera inmediata. Ante ello, Sinfucan afirma que se puede extender a otros compañeros de trabajo.
Andrés Rivero, de la Asociación Civil Defiende Tus Derechos de la Asamblea Nacional, señaló que los directores en este momento no lo reconocen como presidente y se mantienen en sus cargos, además, en las oficinas administrativas de Pajaritos no se le ha notificado al personal sobre algún cambio.
Las medidas de Luis Parra están empezando con mal pie, al ponerse en contra de los trabajadores que han dado vida al Parlamento durante años a pesar de ganar sueldos inferiores a los que corresponden.
Sinfucan postergó la asamblea general de funcionarios y trabajadores legislativos del pasado martes debido a que las inmediaciones de la Asamblea Nacional estaban tomadas por cuerpos de seguridad del Gobierno, según detalla el anuncio del sindicato.
La junta directiva de Sinfucan se ha reunido. Hemos analizado varios escenarios de cara a la situación tan compleja y dañina que ocurre hoy en el Poder Legislativo Nacional, pero hasta que no se realice la asamblea de funcionarios los escenarios no se podrán debatir ni decidir próximas acciones a tomar, explicó el Secretario General de Sinfucan.
El sindicato también informó que el miércoles, mientras a los diputados opositores se les negaba el acceso a la Asamblea con un despliegue militar acompañado de grupos paramilitares, los trabajadores del parlamento fueron víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos civiles afectos al gobierno, quienes les negaron el acceso a los puestos de trabajo, intimidaron y amenazaron.