El Ministerio Público imputó a los ciudadanos Héctor Rivero, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano, extrabajadores de la empresa Directv Venezuela por coautoría, estafa agravada en concurso legal, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir y en caso de hallarlos culpables de estos delitos podrían enfrentar una pena máxima de 12 años privados de libertad.
Jesús Loreto, abogado y defensor de los tres exempleados, explicó que sus defendidos no cometieron ninguno de estos delitos que se les están imputando, porque ellos no formaban parte de la junta directiva de la empresa.
Ellos pueden enfrentarse hasta 12 años de prisión. Sin embargo, esta imputación es producto de una cadena de errores, de equivocaciones y de falsas presunciones. En primer lugar, ninguno de mis clientes formaba parte de la junta directiva de la empresa. Ellos eran gerentes de tercer nivel de jerarquía, es decir, que eran empleados subordinados a la junta directiva y a la presidencia ejecutiva, precisó.
Resaltó que los verdaderos directivos, es decir lo que ocupaban cargos tanto en la junta directiva como en la presidencia ejecutiva, ni siquiera han sido citados para hablar o hacer comentarios sobre el tema.
Estas personas fueron los que despidieron a mis clientes, los removieron de sus cargos antes de que se interrumpiera la señal de Directv en Venezuela y, debo decirlo de manera muy responsable, ellos no han sido citados, tampoco han sido imputados y, hasta los momentos, ningún organismo de justicia ha emitido una orden de captura contra estas personas, lo que sin duda llama mucho la atención, dijo.
Calificó el caso como una verdadera injusticia y espera que en los próximos días sus defendidos puedan salir en libertad, porque no han cometido ningún delito establecido en las leyes venezolanas y tampoco en las leyes internacionales.
Hay personas que presumen que estas personas, que hoy se encuentran detenidas, sabían o tendrían que saber con respecto a los planes de la compañía AT&T. Hay otras que presumen que ellos no hicieron nada para que no se ejecutara el cierre de la compañía. Lo más graves es que si uno estudia las declaraciones tanto del Fiscal General de la República, como las del presidente Nicolás Maduro, ellos siempre han dicho que este cierre es producto de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que impide a las compañías norteamericanas establecer relaciones con personas enumeradas en una lista y en esa lista está Pdvsa y Globovisión, indicó.
Indicó que esa decisión forzó a los verdaderos miembros de la directiva de Galaxy Entertaiment de Venezuela, empleados de AT&T, a tomar la decisión de cierre de operaciones en Venezuela, que no les consultaron a estos gerentes y que tampoco les informaron.
Reiteró que a sus defendidos no conocían de lo ocurrido, ni les consultaron lo ocurrido, no podían participar, ni participaron en lo ocurrido, ni tampoco podían impedirlo.
Por otra parte, la compañía estadounidense AT&T, mediante un pronunciamiento público, tildó como inexplicable la privativa de libertad en contra de los tres exejecutivos, pues afirma que no estuvieron involucrados en el cese de operaciones de la compañía en Venezuela.
Apego a la ley
La Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel) abogó ante los organismos de justicia por el debido apego a las disposiciones que correspondan bajo los límites de la ley en el caso de los tres extrabajadores de Directv.
A través de un comunicado público, el gremio se pronunció sobre la detención de Héctor Rivero, Rodolfo Carrano y Carlos Villamizar, luego que AT&T decidió cesar sus operaciones en el país.
Abogamos ante los entes de administración de justicia y demás autoridades por el debido apego a las disposiciones legales que correspondan bajo los límites de la ley y con el respeto a los derechos humanos, aplicando las disposiciones en el supuesto a que haya lugar, como trabajadores dependientes que fueron, de la operadora de difusión por suscripción, señaló.
Casetel afirmó que apuesta al respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho como marco para el desarrollo de las actividades productivas, tal como lo es la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Solidaridad ante la situación
Quienes fueron compañeros de trabajo de Carrano, Villamizar y Rivero expresaron su solidaridad y esperan que sean puestos en libertad a la brevedad posible.
Es muy lamentable lo que sucedió con estos compañeros. Ellos no tienen la culpa de lo sucedido, porque ser gerente general o vicepresidente no significa que formes parte de la directiva de la compañía por lo menos en Directv. Hace muchos años la compañía era dirigida por un venezolano y antes que AT&T comprará Directv global, esta persona por cuestiones de seguridad pidió ser trasladado a la ciudad de Miami. Sabía los peligros que corría en Venezuela con el gobierno, indicó un extrabajador de la empresa que pidió mantener su nombre en reserva.
Hoy vemos como se comete un abuso de poder con estas tres personas que no tienen nada que ver con el cierre, pero el gobierno necesita unos chivos expiatorios y además necesita echarle la culpa a alguien. Cuando nos enteramos que Carrano, Villamizar y Rivero iban a ser detenidos, nos activamos en redes sociales, pedimos un cacerolazo para ejercer presión y, lamentablemente, no recibimos respuesta por parte de los usuarios. Son inocentes y por eso nos solidarizamos con ellos, pero los usuarios que tenían el servicio también deben protestar, aseguró.
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