Al menos nueve personas han sido detenidas durante la cuarentena por enviar o reenviar mensajes de Whatsapp para manifestar su desacuerdo con las políticas de la administración de Nicolás Maduro, según Espacio Público.
La ONG destaca que la publicación de estados con imágenes o mensajes críticos hacia autoridades, posibles prácticas de corrupción o la información que cuestiona versiones oficiales, han sido motivos de detención e inicio de procesos penales apelando a la Ley del Odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, considera que los casos suponen un nuevo mecanismo de amedrentamiento. El gobierno le está diciendo al ciudadano qué tan cerca de él está la represión, añadió.
Explicó que generalmente son detectados a través de grupos cercanos. Agarran el chat del edificio y hay alguien que no es de mi ideología política o patriotas cooperantes que acusan a estas personas.
Una cosa es que alguien en televisión o en radio diga algo que genere represión y otra cosa es que en un ambiente muy cercano a mí la represión llegue. Si me reprimen por mandar un mensaje al chat del edificio, yo siento el ojo del Estado cerca de mí y eso va a hacer que me inhiba porque va a haber gente que lo va a sapear a uno y ese es el efecto que buscan y logran, sostuvo.
Calificó la situación como muy delicada porque se confunde el Whatsapp como un medio de comunicación masivo, que no lo es. Los mensajes están dirigidos a un pequeño grupo, sea un chat del edificio o lo que sea. Eso no es un medio de comunicación. Si de ese grupo lo reenvían ya eso no es responsabilidad mía, no tengo control sobre ese mensaje. Hay una distorsión porque hemos visto la calificación de los delitos Y hablan de un medio masivo para fomentar el odio, dijo Daniels.
Citó el caso de los bomberos de Mérida que realizaron un video satírico. Me imagino que lo hicieron para sus amigos y lo mandaron por Whatsapp y, a partir de ahí, se hizo viral. En principio se les imputó por delito contra el odio, pero con la campaña que se hizo desde la ULA cambiaron la calificación al odio de acuerdo con el Código Penal, que tiene una pena muchísimo menor. Son máximo dos años de cárcel.
Recordó también la aprehensión de un sindicalista de Sidor, quien reenvió un mensaje que no fue de su autoría. El gobierno enfiló sus baterías a reprimir de esta manera.
Además, precisó que hay otro caso como el de la doctora que fue detenida por mandar un meme sobre Maduro. La sátira no es un delito, aseguró.
Y otros 17 ciudadanos encarcelados por supuestos mensajes de odio en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, según datos de Espacio Público.
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