El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este jueves que se abrió una investigación por noticia criminis sobre una supuesta trama de corrupción que vincularía a personas relacionadas con el diputado, Juan Guaidó.
Informó que el pasado 14 de septiembre se conoció una denuncia por medios internacionales en Estados Unidos contra varios supuestos funcionarios del «autoproclamado gobierno interino» sobre el cobro de sobornos en la firma de un contrato para entregarle poderes a un consorcio en Miami para «que robe activos en el exterior».
«Hemos designado a la Fiscalía 67 nacional plena para que investigue esta denuncia de este nuevo acto de piratería delictiva contra nuestro país para el beneficio personal de unos cuantos apátridas que mientras se enriquecen hacen padecer al pueblo de Venezuela».
Según Saab, el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, cuyos directores son los ciudadanos Jorge Reyes y Pedro Antar, «presentaron al diputado Guaidó una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una gran cantidad de activos venezolanos que se encuentran distribuidos en 19 países de la alianza Petrocaribe».
Relató que «estos pseudo empresarios habían solicitado el derecho de apropiarse de 18% de todo lo que pudiera despojarse al Estado venezolano», a la vez que solicitaron 750 mil dólares para la adjudicación del contrato.
Los investigados son Fernando Javier Blasi-Blanchard, Magin Blasi-Blanchard, Javier Troconis, José Ignacio Hernández y Luis Pacheco Rodríguez.
Los delitos que se le imputarán serán los de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones, asociación para delinquir.
Saab exhortó a Estados Unidos para que proceda contra estas personas.
No tengo nada que ver
Por su parte el el abogado y exprocurador especial del gobierno de Juan Guaidó, aseguró que no tiene nada que ver con estas empresas con las que se le relaciona en Venezuela.
A través de un comunicado señaló que «en marzo de este año recibí una comunicación de la empresa Caribbean Recovery Assets, con un reclamo, pues a su decir, no se había firmado el contrato para recuperar cuentas por cobrar de PDVSA en Petrocaribe Luego de investigar el caso, le informé a la empresa que sólo la junta administradora ad-hoc de PDVSA podía asignar ese contrato, lo que nunca había pasado».
Explicó que tuvo conocimiento sobre intentos de la empresa de cobrar cuentas a la países de Petrocaribe. Ante tal situación, reiteró que no tenían potestad para emprender ese tipo de acciones.
«Apenas recibí la comunicación inicial, elevé el hecho al Centro de Gobierno», dijo.
PDVSA Ad-Hoc rechaza señalamientos
A través de un comunicado público, la Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA fijo posición ante la investigación iniciada por el Ministerio Público en Venezuela:
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