El presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA), Edison Arciniega, consignó este jueves, ante el Ministerio de Agricultura y Tierras, un informe sobre el riesgo de una ola de invasiones en tierras agrarias, específicamente en el estado Barinas, costa oriental del estado Falcón y en el Sur del Lago de Maracaibo.
«Hay al menos 200 casos de invasiones activos en este momento en esos tres estados (…) Pareciera que estamos ante la conjunción de la acción de actores delictivos dedicados a la extracción de maderas y minerales que están utilizando la fachada de los movimientos campesinos para ocupar tierras de vocación agraria», denunció Arciniega.
En declaraciones a la prensa a las afueras del Ministerio de Agricultura y Tierras, el presidente del CEA advirtió que las probabilidades de riesgo de invasiones en estas tres entidades superan 60% y 70%.
«Alertamos que existe una probabilidad superior a 64% de que se desaten olas de invasiones en tres zonas del país: Costa Oriental del estado Falcón, en el estado Barinas y en el Sur del Lago de Maracaibo, debido a la impunidad agraria por la acumulación de decisiones administrativas del Instituto Nacional de Tierras y de los Tribunales Agrarios favorables a la invasión de la propiedad, sin que estas se traduzcan en hechos debido a la carencia de apoyo institucional», señaló el presidente del CEA.
En el informe denominado «Probabilidades de invasiones a tierras agrarias», dirigido directamente al ministro Wilmar Castro Soteldo, Arciniega detalló que hay un riesgo elevado de un «recrudecimiento de las invasiones en el estado Barinas y en el Sur del Lago de Maracaibo, donde las probabilidades son superiores a 70%».
En el caso de la costa oriental del estado Falcón, las probabilidades son superiores a 60%, según lo expuesto por el representante del CEA.
«Es de destacar que hay casos arquetípicos que evidencian esta impunidad agraria. Uno de ellos es en la costa oriental del estado Falcón, donde hay decisiones del INTI reafirmando la propiedad, indicando que los ocupantes ilegales deben ser reubicados, donde los tribunales penales han condenado a los ocupantes por delitos ambientales y contra la propiedad y ninguna de estas decisiones se ejecuta», dijo.
Arciniega aseveró que esta situación se ha repetido en otras ocasiones en el territorio nacional. «Estos grupos especializados en ocupación, saco y reventa de tierras sienten que pueden actuar y desacatar las decisiones de las instituciones sin ningún tipo de costo», puntualizó.