AN y empresarios cooperan para modernizar ley de propiedad intelectual

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    Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han colocado a Venezuela como país poco confiable para las inversiones en el sector productivo, dado que se violentan todos los derechos a la propiedad privada, entre ellos el de propiedad intelectual.

    Juan Carlos Olalquiaga, directivo del Consejo Nacional de Industriales (Conindustria), aseguró que Venezuela está entre los últimos lugares en lo referente al respeto a la propiedad intelectual según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), junto con naciones atrasadas y en guerra como Sudán.

    En la sede de Conindustria en Caracas tuvo lugar el foro “Hacia una actualización de la propiedad intelectual para Venezuela: ¿Tendremos nueva Ley?”, en el que se abordó el tema del proyecto de ley de propiedad intelectual, cuya discusión la iniciará este mes la Asamblea Nacional.

    El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento, Luis Lippa, recordó que en la elaboración de la nueva ley tomaron en cuenta las recomendaciones de los empresarios, y pidió confianza y cooperación a los industriales para hacer posible una legislación moderna acorde con las realidades internacionales y del país. Destacó que es necesario un cambio político para salir de la crisis que ha golpeado fuertemente a las empresas y los venezolanos. 

    Francisco Astudillo, consultor de la OMPI, señaló que en América Latina Chile encabeza la lista como país respetuoso del derecho a la propiedad intelectual, mientras que el puesto de Venezuela está al final, sobre todo, porque el gobierno no envía cifras sobre los avances en investigación y desarrollo y ni siquiera acude a los foros técnicos internacionales sobre la materia.

    Recalcó que una buena política de Estado en propiedad intelectual involucra incentivos fiscales a la investigación y desarrollo, además de un marco legal e institucionalidad que protejan y garanticen el derecho a la propiedad intelectual.      

    Olalquiaga, también presidente de la Fundación de Desarrollo e Investigación Industrial de Conindustria, recordó que la Ley vigente data de 1956, por lo que contiene muchos vacíos como el desconocimiento de las empresas sobre una invención o patente desarrollada por investigadores contratados y subvencionados por ellas. Tampoco cubre lo relativo a la propiedad intelectual en áreas como farmacia, medicinas e informática, entre otras.

    Insistió que con reglas claras en la materia se incentiva la investigación y el desarrollo tecnológico e industrial, los cuales tienen problemas en las condiciones actuales del país en que las empresas operan a 30% de su capacidad en el caso de la agroindustria y a 10% y 8% el resto. “Con sus intensos esfuerzos, las universidades nacionales pueden aportar investigación y desarrollo científico y tecnológico al aparato productivo para que sea más competitivo y fuerte como exportadores”, indicó Olalquiaga.

    Adán Celis, presidente de Conindustria, deploró la falta de interés de los gobiernos socialistas en materia de protección y defensa de la propiedad intelectual pese a que garantiza progreso económico y social, además del avance científico y tecnológico. Considera positivo el impuesto del Ejecutivo a las empresas para el Fondo de Desarrollo Tecnológico, no obstante, ese dinero se diluye en el pote fiscal.

     “Esos recursos deberían destinarse directa y específicamente a proyectos de innovación y desarrollo”, sostuvo. El tributo consiste en un aporte al fondo de entre 0,5% y 2% a las empresas con ingresos a partir de 50.000 unidades tributarias.                                      

    Sebastián González, de la firma Citermark International IP, abordó el impacto de la propiedad intelectual, marcas y patentes en la economía en los países que la instrumentan con los sectores público y privado en cooperación y coordinación estrecha. Destacó que esa área puede generar 30% de puestos de trabajo y aportar un 35% al PIB.    

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