El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en su boletín 100 analiza cuáles son los puntos claves en lo que respecta al futuro electoral de Venezuela y comienza señalando que todos los venezolanos, junto a sus instituciones, “debemos prepararnos mejor para encarar el próximo ciclo electoral”.
Explicó que en los próximos dos años, 2024 y 2025, por mandato constitucional deberían ser renovados los 3.360 cargos de representación popular de Venezuela, desde la Presidencia de la República (un jefe de Estado), pasando por la Asamblea Nacional (277 diputados, tras las reformas de 2020), hasta las gobernaciones (23 gobernadores), los consejos legislativos (253 legisladores, a la fecha), las alcaldías (335 alcaldes) y los concejos municipales (2.471 concejales, según el diseño actual).
Ante ello, el OEV formula las siguientes preguntas: ¿A qué debemos prestar atención?, ¿sobre cuáles aspectos deberíamos afinar esa mirada, para convertir el próximo ciclo electoral venezolano en una oportunidad aprovechada para un mejor futuro para el país?
“No es menos cierto que en el camino irán apareciendo otros factores, pero, de entrada, vamos a aportar cinco elementos que vale la pena ubicar en la primera fila de los esfuerzos político-electorales necesarios en el futuro próximo”, agrega la organización. Y estos son:
1. Los acuerdos políticos
Para que las próximas elecciones en Venezuela salgan mejor, los actores políticos tienen que coincidir previamente en negociaciones para llegar a acuerdos, asegura el Observatorio, y agrega que “los más recientes procesos electorales pueden servir como ejemplos de cómo el acuerdo político sirve como catalizador”.
Por un lado, indica en OEV, “la presidencial de 2018 y la parlamentaria de 2020 no salieron bien. La primera violó las reglas del juego democrático y derivó en un desconocimiento internacional del resultado que arrastró problemas de diversa índole. La segunda excedió la letra constitucional, al imponer un diseño arbitrario y distinto al de la legislación, y las consecuencias se evidenciaron, entre otros aspectos, en una mermada participación, indica.
Por otro lado, agrega la organización, “la regional y municipal de 2021 detuvo el descenso de la curva de integridad electoral. Los acuerdos por una administración electoral menos desequilibrada, la habilitación de tarjetas electorales antes cooptadas y la apertura hacia una observación electoral internacional más plural despertaron una mayor participación entre actores y electores. Y ante el colofón ventajista de Barinas, la voluntad popular revalidó la viabilidad de la ruta electoral”.
El OEV considera que México es una puerta que por ningún motivo debería cerrarse. “La hoja de ruta lleva rato trazada y aprobada por consenso, memorando de entendimiento incluido, con lo político y lo electoral como asuntos esenciales. En el entendido de que buena parte de las garantías y condiciones por definir se asientan, además de sobre la base de los acuerdos políticos, en el interés y la apropiación de la sociedad: las elecciones también las construye, las hace, las diseña la gente. Con sus demandas y su participación”.
2. El Registro Electoral y el derecho a elegir
El más reciente corte del Registro Electoral (RE) del cual se tiene conocimiento público -según el OEV- data del pasado 30 de septiembre. Son 21 millones 094 mil 629 electores, pero faltan otros tantos millones.
“Minimizar el amplio rezago, la creciente brecha existente entre la dinámica poblacional y migratoria con el padrón nacional de electores debe constituir una materia de primer orden porque, indefectiblemente, predispondrá el carácter de la próxima elección presidencial”.
Añade que en Venezuela “una cantidad no despreciable de la población necesita actualizar su residencia y su centro de votación, mientras que el bono demográfico juvenil requiere inscribirse por primera vez. Fuera de Venezuela, los 107.878 electores que, a la fecha, aparecen registrados para votar desde el exterior no son sino una minúscula parte de los varios millones de migrantes que deben, primero, recuperar su derecho a la identidad para, entonces sí, seguir ejerciendo su derecho a elegir en esta, que continúa siendo su primera comunidad política de adscripción”.
Indica que conforme avanzan las semanas se eleva el apremio por una buena jornada especial del RE, que cumpla con los tres criterios establecidos en la legislación electoral: facilidad de acceso para los electores, presencia en sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración y garantía para todos los sectores de la población (artículo 33 de la LOPRE).
Desde agosto de 2022 -recuerda la organización- espera discusión en el directorio del Consejo Nacional Electoral un proyecto de reglamento del voto en el exterior. “Una era la situación migratoria en 2009, cuando la AN aprobó la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales, que limita el voto migrante a aquellos con una residencia u otro régimen de legalidad de permanencia, y cuyo artículo 124 la legislatura actual debería reconsiderar. Y otra es la realidad 14 años después, cuando Naciones Unidas ha posicionado a Venezuela como uno de los países de mayores crisis migratorias del mundo”.
Y puntualiza que el derecho a elegir pasa, finalmente, por el respeto al principio de calendarización: las fechas y los períodos de ley, los cronogramas electorales y el equilibrio entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos predisponen a mejores elecciones.
3. El árbitro
“Lo dicen las encuestas: la imagen pública del CNE mejoró, aunque parcialmente, con la actual administración, designada en 2021 por el Legislativo, el poder público al cual le corresponde este encargo constitucional. Y esto ha sido gracias a los acuerdos políticos. Los antecedentes nos enseñan un errático camino de autoridades comiciales nombradas por el Poder Judicial desconociendo los procedimientos claramente estipulados en la Constitución”, asevera el Observatorio Electoral venezolano.
Afirma que los integrantes del órgano electoral serán actores fundamentales del próximo ciclo. “Decíamos en 2021, cuando juraron en el Parlamento, que después de las regionales de 2021 los actuales rectores serían los encargados de llevar a cabo los destinos, por lo menos, de la elección presidencial de 2024, así como de las votaciones parlamentarias y subnacionales del año siguiente. Pero el directorio ha cambiado”.
El OEV agrega que “injustificadamente, desde abril de 2021 no se ha materializado el reemplazo para la falta absoluta de una de las rectorías principales. No solo está incompleto el directorio, sino también dos de los tres órganos subordinados del órgano rector del Poder Electoral”.
Ante esa realidad, el Observatorio considera que para el próximo ciclo electoral se necesita un CNE completo y con la mayor independencia institucional posible, a pesar de que el Estado haya propiciado en el pasado muchas violaciones al principio de separación de poderes.
“Un CNE que refuerce su capacidad sancionadora ante arbitrariedades recurrentes en campañas electorales como el uso de bienes y recursos del patrimonio público con fines electorales y la aparición de altos funcionarios públicos en ejercicio favoreciendo parcialidades partidistas”, indica la organización.
4. La participación política y el derecho a ser elegido
“Corregir tanto desnivel acumulado, tanta pendiente, en el terreno de juego electoral pasa por sincerar quiénes pueden alcanzar o recuperar el derecho constitucional a ser elegidos. Aquí hace falta hacer valer la carta magna, la cual establece que los derechos políticos únicamente pueden ser despojados mediante sentencia judicial firme. Y no mediante inhabilitaciones administrativas de la Contraloría, avaladas por una ley de cuestionada constitucionalidad”, señala.
De acuerdo con el OEV, la inhabilitación con aparente motivación partidista ha venido superándose a sí misma en las elecciones recientes: ya no es solo la denuncia del Partido Comunista, formación disidente de la coalición gobernante, de retiro de 15 de sus candidatos en 2021 sin investigación ni decisión previa, o el caso de su candidato a gobernador de Barinas, quien sí pudo inscribirse para noviembre de 2021, pero no para enero de 2022, por otra súbita inhabilitación. Es también que, en Barinas, ocurrió la inhabilitación retroactiva del candidato inicialmente ganador de esa gobernación, al igual que la de su esposa, quien de paso nunca ha ejercido cargos públicos.
Al respecto, el Observatorio advierte que no es “por casualidad la segunda de las recomendaciones prioritarias de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) habla de suprimir esa prerrogativa de la Contraloría de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”.
“A las inhabilitaciones se une el tema, también irresuelto, de la entrega de los símbolos y de las tarjetas electorales de seis partidos políticos (no solo los opositores Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Movimiento Republicano, sino los oficialistas Tupamaro y Patria Para Todos) a facciones internas minoritarias. Y, ante esto, la primera de las recomendaciones urgentes de la MOE UE: evitar que el Poder Judicial invada las competencias del Poder Electoral”, expresa el OEV.
5. La desinformación y la vigilancia social
“Además de un ecosistema mediático disminuido, el rigor de la censura y la opacidad en el acceso a datos públicos, Venezuela también ha padecido desinformación electoral. Hablamos de toda información falsa o maliciosa sobre los procesos electorales que afecten directamente el ejercicio del derecho al voto”, comenta.
Opina que la lucha por el acceso a información veraz es una cruzada que requiere del concierto de todos, desde el árbitro, pasando por los actores políticos, hasta los electores. “Se libra insertando políticas concretas contra la desinformación en los próximos cronogramas electorales, desde el CNE; evitando y siendo oportunamente sancionados quienes promuevan información maliciosa e intenten manipular la conversación pública, desde las candidaturas y los partidos; y haciendo mayores esfuerzos de alfabetización digital para saber con criterio más afinado qué huele a mentira, desde la sociedad”.
A juicio del Observatorio, la pluralidad de flujos comunicacionales también se fortalece permitiendo una observación electoral nacional e internacional diversa e independiente, capaz de advertir faltas con libertad, pero también de recomendar mejoras que redundan en el desarrollo y resguardo de la democracia.
“La desinformación no es, sin embargo, la única nube oscura. Urge aclarar el uso del Sistema Patria y del carnet de la patria con fines electorales. Como también recomendamos desde la observación electoral en su momento, el terreno se desnivela menos si se da a conocer cuál es la institución responsable de la gestión de los datos de esta plataforma, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos y con qué fines, todo bajo el derecho constitucional de acceso a la información”, indica el OEV.