La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, el pasado martes, la Reforma Parcial a la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico destinada a atraer inversión privada a la red eléctrica del país, propensa a los apagones.
La legislación permitirá a las empresas, incluidas las productoras de petróleo, generar, transmitir, distribuir y vender electricidad mediante acuerdos con una duración de hasta 25 años, abriendo así un sector dominado por el Estado desde 2010, destaca Bloomberg.
La ley de electricidad es la última reforma económica impulsada por la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. Este año, la Asamblea ha aprobado leyes sobre hidrocarburos y minería que también pretenden atraer capital privado a sectores dominados desde hace tiempo por el Estado.
La ley “tendrá, sin duda, un importante impacto positivo en la prestación del servicio de energía eléctrica en nuestro país”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al término de la votación. Negó que los cambios supongan una “privatización” del sector.
¿Qué permitirá la nueva ley eléctrica a las empresas privadas?
La legislación permitirá a las empresas privadas generar electricidad para abastecer a industrias y negocios, como centros comerciales, según las tarifas establecidas, lo que aumentará la cantidad de energía disponible para el sistema nacional.
En una disposición considerada fundamental para los inversionistas, la ley permite que las controversias se resuelvan a través de los tribunales locales o de procedimientos internacionales de mediación y arbitraje.
La reforma prevé revisiones anuales de los costos operativos del sector eléctrico, así como incentivos para el ahorro energético y subvenciones. El Estado mantendrá el control sobre la generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Caura, el complejo Uribante-Caparo y otras centrales, así como sobre las redes principales de transmisión y distribución y el despacho de la electricidad.
La ley crea un organismo regulador independiente encargado de calcular las tarifas basadas en costos, emitir normas técnicas y auditar a los operadores. La metodología tarifaria debe cubrir los costos operativos y de inversión eficientes y permitir a los operadores una rentabilidad razonable sobre los activos, comparable a la de actividades con riesgos similares.
Se permitirá la participación de empresas privadas mediante licencias, certificados de registro o concesiones. Las empresas que exploten instalaciones de más de 50 megavatios y sistemas de transmisión clave deberán obtener una concesión.
Los generadores, operadores y grandes usuarios que cumplan los requisitos también podrán negociar libremente los precios de la electricidad mediante contratos bilaterales, sin controles tarifarios previos. La ley permite al gobierno conceder exenciones fiscales temporales para fomentar la inversión en el sistema eléctrico.