El proceso de reestructuración de la deuda de Venezuela comienza a sumar otro frente de acreedores: las empresas nacionales que mantienen cuentas pendientes por cobrar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales. El Comité de Acreedores Comerciales de la estatal petrolera impulsa una iniciativa para organizar esas reclamaciones, establecer mecanismos de recuperación y facilitar el acceso a financiamiento privado para las compañías que participan en la cadena de suministro de hidrocarburos.
La propuesta, denominada Capital Nacional, fue presentada el 3 de noviembre por el comité y tiene previsto su lanzamiento formal el próximo 17 de noviembre, durante la conferencia “Una voz para avanzar: el capital privado en el desarrollo de la industria petrolera” en Caracas.
La iniciativa busca atender obligaciones comerciales pendientes con empresas de servicios petroleros, ingeniería, construcción, proveedores y fabricantes que han acumulado acreencias con Pdvsa y sus subsidiarias.
El planteamiento va más allá de organizar a los acreedores para reclamar los pagos. Entre sus objetivos está establecer un procedimiento independiente y confiable para conciliar y registrar las facturas pendientes, así como estructurar instrumentos financieros que permitan recuperar parte de esas acreencias.
Entre las alternativas mencionadas figuran mecanismos vinculados a la producción petrolera y estructuras respaldadas por activos, con el propósito de asociar la recuperación de los créditos al crecimiento futuro de la industria.
Capital Nacional también contempla promover financiamiento internacional para ampliar los servicios a los campos petroleros, modernizar tecnología y fortalecer la cadena de suministro. La propuesta incorpora criterios de transparencia, gobernanza y cumplimiento de los marcos legales y de sanciones internacionales, incluidos los requerimientos de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
Depende del gobierno venezolano
Sin embargo, el avance de esta iniciativa depende de que las autoridades venezolanas establezcan primero un marco formal para reconocer y validar las obligaciones comerciales. En un nuevo pronunciamiento divulgado este 10 de noviembre, el comité señaló que espera el anuncio oficial de un mecanismo de conciliación de acreencias y de un marco de reestructuración que permita convertir las cuentas pendientes no certificadas en instrumentos financieros auditados y reconocidos.
La organización considera que ese paso permitiría a los contratistas fortalecer sus balances y recuperar el acceso a líneas de crédito de instituciones financieras internacionales y potenciales socios de capital. También plantea la necesidad de suspender los plazos de prescripción de las reclamaciones comerciales que sean aceptadas y validadas, mientras se desarrolla el proceso de reconocimiento de las deudas.
El reclamo se produce en medio de la reestructuración más amplia de las obligaciones financieras de Venezuela y Pdvsa, anunciada por el Gobierno en mayo de 2026. El país arrastra un incumplimiento de deuda externa desde 2017 y mantiene cerca de 60.000 millones de dólares en bonos soberanos y de la petrolera en default. Al incorporar intereses acumulados, laudos arbitrales y otras obligaciones, las estimaciones de los pasivos totales superan los 150.000 millones de dólares.
En agosto, asesores legales y financieros anunciaron la conformación de un comité para agrupar a acreedores comerciales de Venezuela y coordinar su participación en el eventual proceso de reestructuración. En ese momento, sus asesores estimaron que las reclamaciones comerciales, junto con los laudos arbitrales, superaban los 30.000 millones de dólares, aunque no identificaron a las empresas participantes ni precisaron el monto de las obligaciones que representa el grupo.
La organización de estos acreedores cobra relevancia ante los planes de expansión de la actividad petrolera. La recuperación de la producción no depende únicamente de inversiones en extracción, sino también de la disponibilidad de equipos, tecnología, servicios especializados y proveedores capaces de sostener las operaciones. Para las empresas locales, la falta de pago de obligaciones acumuladas durante años limita precisamente su capacidad para financiar esas actividades.
El comité espera que el mecanismo de reconocimiento de acreencias permita conectar el proceso de reestructuración financiera con las necesidades operativas de la industria. Por ahora, Capital Nacional constituye una propuesta impulsada por los acreedores y no un acuerdo de pago aprobado por Pdvsa o por el gobierno venezolano.
Con información de Bloomberg