Boeing comparece este jueves ante la justicia en Estados Unidos para enfrentar a los familiares de los pasajeros muertos en los accidentes de dos 737 MAX, que piden la revisión de un acuerdo entre el fabricante de aviones y el gobierno estadounidense.
En esta audiencia en Fort Worth, Texas, un representante de Boeing deberá declararse culpable o no culpable de las acusaciones contra el fabricante de aeronaves por su papel en los accidentes de los aviones Lion Air en 2018 y Ethiopian Airlines en 2019, que dejaron en total 346 muertos.
Las familias de las víctimas tomarán luego la palabra para defender su causa.
El Departamento de Justicia estadounidense llegó a un acuerdo con Boeing en enero de 2021, acusándolo de haber inducido a error al regulador de la aviación en el proceso de autorización del MCAS, un sistema clave del avión, que sería el culpable del accidente, pero al mismo tiempo, otorgándole cierta inmunidad.
El llamado Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés), que incluía el pago de 2.500 millones de dólares de multas e indemnizaciones, prevé que el departamento retire la acusación después de tres años si la empresa cumple con ciertas condiciones.
Sin embargo, los familiares de las víctimas alegan no haber sido consultadas y solicitaron a un juez de Texas a finales de 2021 que cancelara el acuerdo, que consideran demasiado complaciente.
El magistrado a cargo del caso, Reed O’Connor, reconoció en octubre que las familias podrían considerarse «víctimas de un delito» y, en consecuencia, tenían derecho a ser escuchadas. La semana pasada citó a Boeing a una audiencia.
«Trato de favor»
Idealmente, los demandantes desearían que el juez revisara el acuerdo, en particular para imponer a la empresa un auditor independiente, según un documento incorporado al dossier el miércoles en el que estiman que Boeing «cometió el delito más mortal jamás cometido por una empresa en la historia de Estados Unidos».
«Creemos que Boeing recibió un trato de favor», dijo a la AFP un abogado de las víctimas, Paul Cassell. «Este es un caso que involucra la muerte de 346 personas. ¿Por qué no se querría que un equipo independiente se asegurara de que no se vuelven a producir comportamientos criminales?»
Boeing y el Departamento de Justicia estadounidense se oponen a reabrir el acuerdo.
En el acta de acusación, el departamento había culpado a dos empleados de Boeing pero no había implicado a la dirección.
Los fiscales también habían dicho que no había necesidad de nombrar a un auditor independiente porque el delito «no fue generalizado» o «facilitado por los altos responsables».
En apoyo a las acusaciones de los familiares de las víctimas, la autoridad estadounidense de los mercados financieros reprochó en septiembre a la compañía y a su entonces director general, Dennis Muilenburg, haber emitido varios mensajes afirmando, tras los dos accidentes mortales, que el 737 MAX no presentaba un riesgo a pesar de que sabían que el sistema MCAS era un problema.
Sin reconocer ni negar las conclusiones de la autoridad, Boeing había accedido entonces a pagar 200 millones de dólares.
No está claro que el magistrado vaya a acceder a las demandas de los familiares.
«El juez podría anular el DPA, pero pienso que es poco probable», dijo John Coffee, profesor de la Universidad de Columbia, para quien el acuerdo es revelador de la tendencia de las autoridades a no querer atacar demasiado a las grandes empresas.
Interrogado el miércoles por la cadena CNBC, el presidente de Boeing, Dave Calhoun, no quiso pronunciarse sobre el fondo del caso. Pero estimó que es normal que las familias aprovechen cualquier ocasión para compartir sus desgracias. «Esto recuerda (….) hasta qué punto la seguridad es importante».
Fuente: AFP