La organización no gubernamental Define Venezuela realizó un encuentro virtual con tres defensoras de los derechos humanos para ofrecer herramientas a las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos que, en ocasiones por desconocimiento o por la misma cultura, son abandonados o no son aplicados. De allí que la idea es crear conciencia sobre la importancia de hacer valer los derechos que constitucionalmente les pertenecen a todas las venezolanas.
Magdymar León, directora y coordinadora de Avesa, explicó que los derechos sexuales y reproductivos, aunque se trata de algo relativamente nuevo en la discusión de la sociedad, también son derechos humanos. “Su garantía es requisito imprescindible para para el goce de una vida plena y libre. Se basan en la necesidad de las personas para reapropiarse de su cuerpo y la autodeterminación para el ejercicio de la sexualidad y la procreación”.
León explicó que estos derechos son fundamentales para la vida de las mujeres: “El hecho de que nosotras tengamos la posibilidad de controlar nuestra reproducción, hace diferente poder acceder a una formación académica, desempeñarme como trabajadora o incorporarme a una actividad política, deportiva o comunitaria”.
“Si nosotras no tenemos la posibilidad de controlar la reproducción, nos ocurriría lo que les pasaba a nuestros ancestros que no podían decidir la cantidad de hijos. Uno de los derechos sexuales más importantes es poder decidir si quiero o no ser madre y el número de hijos que quiero tener”, afirmó.
La también psicóloga y defensora de los derechos humanos diferenció la sexualidad de la reproducción. “No deben ser vinculadas una con la otra. La sexualidad tiene que ver con el placer y nuestra identidad sexual, que no necesariamente nos conducen a la reproducción. Estos derechos tienen que ver con el derecho a la vida, el derecho a la salud. También están asociados a la igual, a la no discriminación y la participación”.
Marco legal
Yelena Carpio, abogada con master en protección de los derechos humanos, explicó que estos derechos están estipulados en la Constitución. Destacó que uno de los fundamentales es el acceso que debe tener toda mujer a los servicios y a la información. “No pueden ser tomados de manera aislada, porque pueden contradecir el espíritu de la legislación. El Estado se considera social, de derecho y de justicia. La falta de reglamentación de estos derechos no menoscaba su aplicación”.
Dijo que entre las disposiciones constitucionales están:
-Derecho a la vida (art. 43)
-Derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (art. 20)
-Derecho a la integridad física, psíquica y moral (art. 46)
-La protección de la maternidad, la paternidad, derechos sexuales y reproductivos (art. 76)
-Niños, niñas y adolescentes, como sujetos y sujetas plenas de derechos (art. 78)
-Derecho a la salud como parte del derecho a la vida (art. 83)
-Derecho a la educación integral (art. 103)
-Derecho a la vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación (art. 60)
Asimismo, la jurista se refirió a la Ley del Niño, Niña y Adolescente, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, pues cada una de esas normativas abordan artículos que prevén la protección y respeto de a la mujer.
“Considero que tenemos una buena legislación. Por supuesto, que hay vacíos que se deben cubiertos adecuadamente; entre esos el principal problema tiene que ver con la criminalización del aborto, que tiene como resultado el elevadísimo número de muertes de adolescentes y mujeres”, puntualizó Carpio.
Efectos del no reconocimiento
Blanca Martorell, psicóloga y experta en atención de violencia sexual, se refirió a las implicaciones que puede acarrear el no reconocimiento de estos derechos. Dijo que el empeoramiento de la situación de las condiciones de vida de las mujeres, tras la llegada de la COVID-19 al país, ha puesto en alerta a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos y de las mujeres, al aumentar las cifras de féminas en situación de precariedad.
Recordó que en el país no hay variedad de métodos anticonceptivos: “Si el Estado venezolano no garantiza el acceso a los métodos anticonceptivos, nos encontramos con que las ONG no se dan abasto para ayudar a las mujeres en este particular. Ante el alto costo de los métodos, la nula variedad y la escasez de los mismos, hace que las mujeres se encuentren desprotegidas”.
Martorell explicó que las distintas organizaciones no gubernamentales y fundaciones que velan por la salud y vida de las mujeres en Venezuela han logrado alianzas para ayudar a las integrantes de las comunidades de escasos recursos, que en ocasiones no tienen para comprar artículos de primera necesidad y mucho menos los productos relacionados a la salud menstrual y los métodos anticonceptivos. Sin embargo, advirtió que no siempre estas alianzas son suficientes para cubrir la demanda femenina.
“Hay un riesgo en la salud sexual de las mujeres. También nos encontramos con la precarización de los servicios básicos, como el agua potable, y esto incide negativamente en la salud menstrual de las mujeres. Frente a este uso irregular de toallas sanitarias, algunas mujeres, adolescentes y niñas han tenido que usar productos rudimentarios, lo que les ha generado complicaciones en su salud física”, indicó.
Detalló que la precarización de los recursos para que las mujeres puedan vivir una salud sexual y reproductiva a plenitud puede influir en el reconocimiento de la llegada de la menopausia, así como muchas mujeres no han podido planificar su reproducción sexual y familiar. «Es importante decir que independientemente de las creencias religiosas, el aborto es una realidad en Venezuela. Muchas mujeres toman esta difícil decisión de interrumpir un embarazo que no puede continuar y se encuentra en una situación de peligro al estar penalizado el aborto».