El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) determinó que, de 40 casos de vulneración de los derechos de los menores de edad remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, “65% no fueron atendidos”. Esta cifra fue una de las conclusiones del Informe Somos Noticia, capítulo vulneraciones de los derechos de los niños en pandemia, presentado este jueves vía online, por el abogado de la organización civil, Carlos Trapani.
El también coordinador general de la institución detalló que durante la pandemia no han disminuido las necesidades de atención y defensa de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, y sostuvo que se trata de una cifra “dolorosa”.
“Estamos diciendo que solo 35% de los casos remitidos al consejo de protección, fueron recibidos y tramitados. Asimismo, de 29 casos remitidos al Ministerio Público, 59% no fueron atendidos; mientras solo 41% sí fueron recibidos y atendidos”.
Dijo que eso quiere decir que, de 10 casos remitidos, al menos 6 no recibieron respuesta efectiva. Este dato es doloroso. Es un dato que nos tiene que llamar a la profunda reflexión es una disminución en las capacidades de los responsables en la atención a los niños del país”.
El informe que refleja un reporte hecho por la institución desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, evaluó la situación de los niños y adolescentes del país, a través de la gestión del Servicio de Atención Jurídica (SAJ), en su primer año de trabajo, siendo un “servicio gratuito, voluntario, confidencial y de carácter orientador”. Explicó que el servicio trabaja en la identificación y valoración inicial, evaluación, plan de atención, implementación, revisión del caso y cierre del mismo”.
Trapani informó que “fueron atendidas 413 personas en un año”, destacando que la “necesidad de atención no disminuyó en pandemia. Buscamos dar una alternativa de protección en un contexto de mucha adversidad. El confinamiento no es una garantía para la protección de derechos de la niñez”, advirtió.
En el interior y al olvido
Durante su intervención el también investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), alertó que “La protección de los niños, mientras más alejada está de la capital, más inexistente es. Es un motivo de preocupación los limitados programas de apoyo jurídico en el interior del país. Los esfuerzos de atención tienen que llegar a todos los rincones del país”.
Razón por la que Cecodap identifica al Estado venezolano como presunto agresor en una proporción de 6%, en el contexto de violencia estructural, en cuanto a la prestación de servicios públicos e incumplimiento derechos sociales. «En el contexto de pandemia por COVID-19 no existe un plan de acción especial diseñado por el Estado que garantice la continuidad de los servicios de protección para los niños».
Trapani insistió en que una de las preocupaciones de Cecodap en cuanto a la actuación del Estado venezolano “se fundamente solo en acceso formal a la recepción de una denuncia y no en el acceso material que implique la efectiva restitución de los derechos vulnerados de los niños”.
Por lo que destacó la actuación de la sociedad civil en cuanto a la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes del país. El Estado solo presentó 38% de efectividad en la respuesta, frente a 72% de efectividad de la sociedad civil: «Frente a las amenazas y estigmatización se constató mayores niveles de respuestas efectivas en la atención de casos por parte de ONG de la sociedad que las ofrecidas por el Estado».
Otros contextos y vulneraciones
Trapani puntualizó los casos recibidos por SAJ: “Se realizaron 507 intervenciones en casos concretos: 80,07% fueron orientaciones legales; 1,97% denuncias ante los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente o Ministerio Público y 17,94% remisiones a otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil”.
también develó los perfiles de los otros presuntos agresores: “En función a los casos atendidos se identifican a las madres (25%), al padre (20%) y al docente (12%) como presuntos agresores. Son personas muy cercanas al entorno y cotidianidad de los niños”. “Otros tipos de presuntos agresores son los abuelos, hermanos, tíos, vecinos, hermanas mayores”.
El SAJ de Cecodap “determinó que 12% de los casos reportados tienen una violación al derecho a una familia relacionado a instituciones y convivencia familiar”.
Dijo Trapani que 11,88% de los casos registrados en el lapso de un año, “estaban relacionados con la violación del derecho a la salud (psicológicos, psiquiátricos y de salud física) y abuso sexual. También, encontramos que 9,79% de los casos están relacionados con el derecho a la educación, con énfasis a tratos discriminatorios y retiro de la escuela por incumplimiento de pago».