El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), a través de su Observatorio de Gasto Publico, realizó este lunes el foro “Trámites burocráticos: drama y alternativas”, en el cual se reveló que las empresas venezolanas requieren más de 1.062 horas al año para realizar trámites en entes públicos, mientras que en otros países de la región únicamente se invierten alrededor de 548 horas.
En el evento, moderado por la economista Sary Levi, participaron las investigadoras de la Universidad de Los Andes, Christi Rangel y Rita Coello, quienes presentaron el estudio “Hacía la eficiencia del gasto público a través del Blockchain”, con el fin de ofrecer herramientas novedosas que permitan disminuir la gran burocracia que existe en el país a la hora de realizar cualquier trámite en instituciones del Estado.
“Venezuela tiene una realidad particular que casi todo los ciudadanos conocemos: un sector público que se ha caracterizado por ser muy deficiente y esto viene básicamente porque aumentó el tamaño del Estado de forma importante. Y el aumento de la burocracia se dio por razones políticas y no por razones de eficiencia”, precisó Rangel.
Recordó que actualmente el actual Gobierno cuenta con 32 ministerios y más de 100 viceministerios, lo que revela un incremento importante de la burocracia a la hora de realizar cualquier trámite en el país.
“No podemos eliminar los trámites porque esa es la manera que los ciudadanos nos comunicamos con el Estado, porque a través de ellos tenemos acceso a bienes y servicios, a la identidad, a los documentos para poder viajar, a la licencia de conducir, a registrar una empresa. Esta es nuestra forma de relacionarnos con el Estado para que ellos realicen su gasto público”, señaló.
Agregó que también “nosotros alimentamos al sector público, porque a través de los tramites, pagamos impuestos, tasas y contribuciones y cumplimos con las obligaciones que nos establecen. Los tramites son necesarios, nos deberían facilitar y garantizar derechos que son fundamentales, pero en Venezuela es sumamente complicado”.
Explicó que los trámites se hacen en un contexto de urgencia, “porque si debemos registrar una empresa, lo ideal es hacerlo de manera rápida y eficiente; sin embargo, en nuestro país algunos funcionarios públicos están conscientes de esa urgencia y se aprovechan de la misma, ya que abusan de su poder y es donde se exacerban hechos de corrupción”.
Según investigaciones realizadas en la región, Venezuela es el país que tiene los trámites más centralizados y se hacen de forma incorrecta.
“Mientras que en otros países y vamos a mencionar a nuestros vecinos, Colombia y Brasil, los trámites se han venido descentralizando, ya que esto ayuda a los ciudadanos a tramitarlos de manera más rápida. Se dirige directamente a su alcaldía y a su gobernación, lo que le quede más cerca. En Venezuela es todo lo contrario, ya que mucha gente debe dirigirse hasta Caracas para poder realizar trámites específicos porque en su región es prácticamente imposible hacerlos”, comentó Rangel.
La investigadora recordó que en el año 2003 la Organización de Naciones Unidas realizó una cumbre para hacer más eficiente al sector público y en esa oportunidad se habló de utilizar la tecnología para mejorar el diseño y la entrega de servicios, con un añadido, que era generar confianza en las instituciones públicas.
“En la actualidad, países como Corea del Sur, Reino Unido, Colombia, Estonia, entre otros, están liderando el ranking sobre la digitalización de sus trámites. Igualmente, la ONU desarrolló el índice de desarrollo de gobierno electrónico, el cual lo encabeza Dinamarca, Corea del Sur, Estonia, Finlandia, Dinamarca y en América Latina están destacados Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. Venezuela no figura en ninguna de las dos listas”, advirtió.
Otro hallazgo importante de la investigación es que las páginas web de los organismos del Estado para realizar trámites son poco amigables para los usuarios y. además, están cargadas con excesivo contenido político-ideológico.
“En la página del Saren, por ejemplo, no se pueden realizar todos los trámites en línea. Además, no se ofrece información sobre los costos, procedimientos y requisitos. La reciente reforma de la Ley de Registros y Notarías no resuelve los problemas de los trámites y representa un instrumento adicional del sistema tributario para incrementar la presión fiscal”, comentó Rangel.
Tecnología Blockchain
Por otra parte, Rita Coello fue la encargada de dar a conocer la propuesta denominada “Hacia la eficiencia del gasto público a través del Blockchain”, la cual permitirá al país optimizar todo lo relacionado a los trámites y lograr controlar la gran burocracia que existe en las instituciones del Estado.
“El Blockchain o cadena bloques está muy asociada al tema de las criptomonedas, pero cada día hay una tendencia más creciente para utilizar esta tecnología con el objetivo de optimizar y digitalizar procesos públicos. Una de sus ventajas es la rapidez para el registro de esa información porque se hace en tiempo real y, además, es muy atractiva por la seguridad y la transparencia, ya que existen protocolos que no permiten adulterar esos datos”, explicó.
Dijo que Venezuela se encuentra rezagada, la oferta de servicios transaccionales en línea es muy baja, fragmentada, diseñada desde el punto de vista de la administración para la propaganda y no hay interoperabilidad de los datos.
“La gran ventaja es que las oportunidades de ganancias de eficiencia son tan amplias como el tamaño de la brecha digital y el hecho de que sean pocos los trámites que están digitalizados permitiría avanzar directamente al uso de la tecnología basada en cadenas de bloques”, precisó.
La investigadora insiste que es una apuesta que amerita una inversión importante no solo en la infraestructura tecnológica y en la programación que garantice la seguridad de los datos, sino también en la adecuación del contexto institucional, la planificación y articulación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en la reingeniería organizacional y de procesos para su simplificación y en la formación de los funcionarios y los ciudadanos.
“Esta inversión en el corto plazo permitirá mejorar la calidad del gasto y provocará un círculo virtuoso en el que se minimizan los riesgos de corrupción y los tiempos de respuesta a los ciudadanos, se favorece la confianza y la gobernanza. La transición hacia la digitalidad de los gobiernos y las sociedades es un hecho, por lo que las acciones que se requieren para avanzar son improrrogables”, sostuvo.
Aseveró que el ciudadano deber ser el centro de las políticas públicas, a través de un gobierno abierto, con procesos sólidos y democráticos.
Coello sugirió que para iniciar la digitalización es necesario concretar alianzas con expertos y contar con apoyos de quienes ya han tenido experiencia en el campo.
“Se necesita también revisar el marco regulatorio existente, no solo el relacionado al tecnológico para dar fluidez al proceso de digitalización. Además, se debe realizar una importante inversión en infraestructuras tecnológicas y en la formación de funcionarios y de los ciudadanos”.