La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, emitió un comunicado para exigir al Estado venezolano que garantice los derechos humanos de aquellos privados de libertad que se encuentran en los distintos centros de reclusión del país.
El pronunciamiento es realizado a propósito de una masacre que se llevó a cabo en un Centro de Coordinación Policial en la ciudad de Acarigua en el estado Portuguesa.
Los sucesos ocurridos recientemente en un centro de detención en el Estado Portuguesa en donde murieron más de veinte personas privadas de libertad y otros tantos resultaron heridos, es una situación que se repite a pesar de los reiterados llamados a las autoridades del estado venezolano para que ejerza el control de los establecimientos penitenciarios y garantice íntegramente los derechos humanos de la población reclusa en los términos previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el derecho interno venezolano, instrumentos que establecen obligaciones indeclinables e indelegables a cargo de las autoridades del estado, indican.
Los altos prelados aseguran que la custodia y el orden interno de los establecimientos penitenciarios no puede ser concedido o delegado por las autoridades estatales a particulares, específicamente a otras personas privadas de libertad, que mediante la coacción y el ejercicio del terror mantengan un orden basado en la extorsión a los reclusos y sus familiares, en el ejercicio de la violencia y en diversos comercios ilícitos como el de estupefacientes, armas y otros.
Ante este suceso que lamentamos profundamente y que llenan de alarma, estupor y angustia a la población reclusa y a sus familiares, la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Venezolano recuerda nuevamente a las autoridades del Estado Venezolano que es su deber indeclinable garantizar y respetar todos y cada uno de los derechos humanos de la población privada de libertad, la cual se encuentra bajo su cuidado y cuido; la población privada de libertad y sus familiares constituyen uno de los grupos más vulnerables de la población, corresponde a las autoridades garantizar el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, las autoridades están obligadas categóricamente a no permitir el ingreso de armas a los penales, a ejercer mediante personal profesional calificado en la materia el orden y la disciplina interna de modo de garantizar la vida y la integridad física de todos y cada uno de los reclusos y a asegurarse de que se mantenga la adecuada disciplina y orden interno para que se cumpla la reeducación y la reinserción social, sentencian.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana una vez más clama por una efectiva y verdadera justicia ante las muertes de 30 detenidos el pasado viernes 24 de mayo en las Instalaciones de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, Estado Portuguesa que se suman a masacres producidas en otros calabozos policiales años anteriores y que han quedado en absoluta impunidad; decesos además que se han impuesto por la vía de los hechos en pena de muerte contra los detenidos.
Finalmente, esta comisión condena estas muertes y hace un llamado al Estado para que adopte medidas inmediatas que garanticen la vida y la integridad de las personas detenidas e inicie, a través de las instancias pertinentes las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales que bien, por acción u omisión hayan promovido y suscitado estas muertes que además de ser crímenes, son violaciones flagrantes a los Derechos Humanos.
No más muertes violentas en nuestras cárceles, no más impunidad. Enviamos a los familiares nuestro más sentido pésame, concluye el comunicado.
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