Desde hacía tres días el olor a gas ahogaba la atmósfera y se expandía hacia algunos sectores como San José, Yauma y Centro Abajo en la comunidad de Amuay, donde está ubicada una de las plantas del Centro de Refinación Paraguaná (CRP) en Falcón, un complejo refinador de petróleo que llegó a constituirse en el segundo con mayor capacidad del mundo.
Aun cuando pobladores y otros líderes se acercaron a las autoridades para informar el acontecimiento, no hubo activación de los protocolos de prevención, seguridad y comunicación por parte de PDVSA, hasta que el 25 de agosto de 2012, a la 1:10 de la madrugada se produjo la primera explosión debido a la fuga de gas en el bloque B_23 de almacenamiento del complejo refinador de Paraguaná, debido, presumiblemente, al daño de los sellos que protegen las bombas de almacenamiento P200A/ B/C.
Los gases acumulados (olefinas) durante tres días de fuga ocasionaron una explosión con una onda expansiva de gran magnitud, trayendo como consecuencia la destrucción de viviendas, comercios, estructuras aledañas y el Destacamento N.º 44 de la Guardia Nacional. Cuarenta y ocho personas perdieron la vida, hubo 5 desaparecidos y 156 heridos.
La posibilidad de un accidente en Amuay fue advertida a Pdvsa por organizaciones sindicales vinculadas a la industria petrolera en los años 2006, 2009 y 2012, pero dado que la empresa distrajo su misión para dedicarla a planes de proselitismo político, descuidó las inversiones, el mantenimiento preventivo, además de la falta de profesionales con experiencia al frente de la gerencia y las operaciones.
Este es el más grave accidente ocurrido en la industria petrolera venezolana y pudo evitarse si se hubiese prestado atención a la secuencia de eventos previos a la explosión e incendio. Pero, la lamentable ausencia de los sistemas de alarma, de procedimientos efectivos de combate de incendios y de la aplicación oportuna de una ordenada evacuación, incidieron en la magnitud del mismo.
La forma en que el Gobierno nacional manejó la Tragedia de Amuay, también generó zozobra y confusión: tanto el presidente de la república para la época, como autoridades de PDVSA (Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Iván Hernández y Wills Rangel), declararon a primera hora que la tragedia se produjo por falta de mantenimiento y deterioro de algunos equipos operativos, sin embargo, en la tarde del 25 de agosto de 2012, cambiaron su versión, atribuyendo el hecho a un sabotaje.
Un informe técnico del Centro de Orientación de Energía, Coener, coordinado por el recordado ingeniero Francisco Javier Larrañaga y otro de la Ong Transparencia, concluyen que el evento se debió al incumplimiento de las normas que rigen a estas plantas, a fallas en la de supervisión, así como a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo.
La ausencia de institucionalidad no ha permitido exponer un informe oficial y objetivo de este suceso que conmocionó a la sociedad venezolana y que dejó cicatrices en la comunidad de Paraguaná (Falcón).
Al día de hoy, lamentablemente los accidentes se repiten en la industria petrolera, con derrames, incendios y hundimiento de plataformas y gabarras, afectando a los trabajadores, a las comunidades, al ambiente y al patrimonio nacional.