El pasado jueves 13 de mayo los nuevos rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron que las elecciones regionales y municipales se realizarán el 21 de noviembre. Sin embargo, la duda es si Venezuela está preparada para sumarse a un evento electoral en los tiempos establecidos por el ente comicial.
Para el miembro de la junta directiva del Observatorio Electoral Venezolano, Ignacio Ávalos, esta fecha podría resultar ajustada para todo lo que se debe hacer en materia electoral. Sin embargo, considera que la convocatoria no debe ser desaprovechada.
“Sí es un tiempo relativamente corto en relación con la tarea. Es una elección compleja por la cantidad de cargos que están en juego, es una megaelección. El reto no es fácil. Hay por lo menos tres puntos que hay que tomar en cuenta: elaboración del cronograma para las elecciones conjuntas, revisión del Registro Electoral venezolano y auditar los equipos. Hace un tiempo que no se hace, la auditoría anterior fue en diciembre y no fue completa”, dijo Ávalos.
El también profesor universitario aseguró que “se ha dado un paso importante”. “Creo que es una oportunidad que se abre y que no hay que desaprovecharla, No es un paso suficiente ni mucho menos, pero sí es necesario y hasta ahora las primeras medidas que ha tomado el nuevo CNE, en general, han sido acertadas, han sido las que se tenían que tomar y han sido tomadas por unanimidad. Ha habido un horizonte que podría llegar a significar la salida pacífica democrática del conflicto venezolano”.
Por su parte, el director de la ONG Súmate, Francisco Castro, señaló que aún no hay convocatoria formal. “Inicialmente hay que comprender que no hay convocatoria formal de elecciones ni cronograma oficial. Hubo un anuncio de la fecha y adelanto de los lapsos de algunas actividades. La primera impresión es que hay una mejoría de los tiempos disponibles para algunas de las actividades respecto a los tiempos que se han otorgado en procesos electorales recientes. Sin embargo, falta ver cuál es el grado de profundidad de los ´cambios´ anunciados y la implementación técnica de los mismos”.
No obstante, el también politólogo indicó que en esta oportunidad se está anunciando el proceso con “suficiente anticipación, lo cual ha sido una de las debilidades de procesos electorales anteriores. Sin embargo, hay muchas tareas preelectorales pendientes que deben evaluarse en los próximos días: si la implementación técnica propuesta va a permitir realizarlas en ese tiempo como, por ejemplo, la actualización del Registro Electoral que se ha anunciado durará unos 45 días”.
Falta de información
El director de Súmate sostuvo que la información relativa a los preparativos ha sido escasa, por lo que en cuanto a la actualización del registro electoral se preguntó: “¿Con cuántos puntos? ¿Incluye sábados y domingos? ¿Cómo funcionarán las semanas de cuarentena? ¿En qué horario? ¿Habrá opciones de movilización para los electores? ¿Habrá puntos suficientes en todas las parroquias y municipios, considerando que esta es la elección más cerca del ciudadano? ¿Permitirán la presencia de testigos y observadores en los puntos? ¿Estará disponible la información para realizar auditorías independientes? ¿Habrá difusión suficiente de los puntos en todos los medios de comunicación para que todos los ciudadanos estén informados?”.
Castro aseguró que el éxito de la convocatoria electoral dependerá de estas respuestas. Dijo que el operativo tiene como tarea “inscribir a cerca de 2 millones de jóvenes dentro de Venezuela, que han cumplido 18 años y no se encuentran inscritos”. “Adicionalmente, permitir la actualización de datos de más de 1,5 millones de ciudadanos que pueden haber cambiado su residencia en los últimos cinco o seis años en que no se ha permitido una actualización masiva del RE. Además, el CNE debe dar respuesta sobre más de 1,5 millones de reubicaciones inconsultas que se dieron entre mediados de 2019 y marzo 2020”.
Mientras, para la organización Foro Cívico el “verdadero” reto de los nuevos rectores es recuperar la confianza en el voto. En un comunicado emitido, este viernes, señala: “El verdadero reto de los nuevos rectores es recuperar la confianza en el voto y con ello la participación ciudadana. La credibilidad en el ente electoral depende del cabal cumplimiento de la agenda propuesta y de la defensa de su rol institucional como poder autónomo e independiente, demostrando con acciones nítidas su compromiso con la democracia, la reinstitucionalización y la recuperación de la convivencia en el país”.
Más de 2.000 cargos elegibles
Castro destacó los tiempos que fueron propuestos para la realización del evento electoral: “Aunque se habilitó un tiempo de tres semanas para postulaciones y tres semanas para campaña, que es mayor al tiempo dispuesto en los últimos procesos, en esta próxima megaelección anunciada el elector debe emitir quizás entre seis y diez votos, lo cual la hace técnicamente compleja desde el punto de vista de la postulación, las boletas electorales, el acto de votación, escrutinio y la totalización. Pero también desde el punto de vista de lo complejo que puede resultar para el elector no solo votar, sino también informarse sobre todas las opciones disponibles para tomar una decisión acorde con la mejor propuesta”.
Explicó que se trata de más de 2.000 cargos elegibles. “Solo en legisladores municipales y regionales principales, y posiblemente más de 10.000 candidatos que deben dar a conocer sus planes de gobierno en tres semanas, en un contexto en el cual existen serias dificultades en el acceso a las comunicaciones y la movilidad, además de los problemas asociados al Internet y los servicios públicos”.
Según Castro, la posibilidad de conocer de manera pronta y oportuna “el panorama electoral nacional, las características técnicas de los lapsos y las condiciones en que se llevarán los procesos, es lo que va a permitir juzgar si en efecto hay avances reales en el sentido de devolver la confianza a los ciudadanos en el voto como mecanismo de cambio”.
Similar a la opinión de Foro Cívico: “Estamos conscientes de que el logro de la integridad electoral es un proceso complejo, que apenas comienza, y que debe estar centrado en el resguardo del fundamental derecho ciudadano a la libre expresión de su voluntad”.
Su comunicado culmina invitando a “todos los actores y sectores del país y a la comunidad internacional a sumar esfuerzos y a acompañar activamente este proceso”.