La decisión intempestiva e inconsulta de la alcaldesa del Municipio Libertador, Erika Farías, que reduce los días de apertura de los mercados, así como los horarios de atención al público es un duro golpe a la economía de 12.800 concesionarios de esa actividad, alertaron fuentes del sector que solicitaron guardar su nombre en reserva.
La medida de la alcaldía afecta a 16 mercados municipales y 72 mercados a cielo abierto al reducir sus operaciones a entre 5 y 3 días a la semana y la obligación de cerrar los puestos 2 y 3 horas antes.
Los concesionarios denunciaron que la rentabilidad del negocio ha bajado mucho durante la prolongada crisis económica del país, pero con la cuarentena del coronavirus la situación empeoró aún más.
«La decisión de la alcaldía no pudo llegar en peor momento: gran parte de la mercancía se pudrió y nadie me reconoce lo que invertí para comprarla», contó el dueño de un puesto de vegetales.
Otro afectado reveló que se le hace cuesta arriba pagar los salarios a sus empleados como consecuencia de la caída de las ventas.
Los consumidores también objetan la resolución de la alcaldía caraqueña porque los días que está cerrado el mercado de la comunidad donde viven no pueden comprar los alimentos que necesita la familia. Tampoco pueden desplazarse a otras parroquias debido a las limitaciones del transporte público.
Alfredo Padilla, coordinador de la Asociación de Trabajadores y Emprendedores (Atraem), precisó que con la restricción de la alcaldía las pérdidas de los concesionarios se calculan en 50%. «Además de los concesionarios, también salen perjudicados con la restricción más de 41.000 trabajadores formales directos, a los que se suman otros actores de la cadena como los productores del campo (por ejemplo, los de la Colonia Tovar y El Jarillo), los transportistas e incluso las grandes industrias y proveedores de alimentos», advirtió.
El representante de Atraem destacó que los vendedores de la economía informal que laboran alrededor de los mercados también son perjudicados. «Ellos no tienen otro ingreso que llevar a sus hogares y están en la disyuntiva de contagiarse de COVID-19 o pasar hambre».
La decisión de Erika Farías, resaltó Padilla, es otra de muchas adoptadas por mandatarios regionales del oficialismo como el decreto del gobernador del estado Miranda de venta a los consumidores por terminal de cedula o la apropiación de la distribución de los alimentos del centro de acopio de Barquisimeto por parte de la gobernadora de Lara.