La Corte Constitucional rechazó el jueves seis demandas impulsadas por la disuelta Asamblea de Ecuador que buscaban revertir un decreto del presidente Guillermo Lasso y volver a sus funciones para continuar el juicio político contra el mandatario. Mientras tanto, la autoridad electoral anticipó que los nuevos comicios podrían celebrarse en agosto.
En su fallo indicó que los tres tribunales de esa Corte decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad y los pedidos de medidas cautelares con el fin de suspender el decreto impugnado.
Argumentó que la Corte Constitucional no tiene competencia para “pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional”.
Lasso dijo en su cuenta de Twitter que la Corte “ratifica mi decisión apegada a la Constitución”, y advirtió que tras ello, ninguna autoridad judicial del país podrá pronunciarse “sobre la verificación y motivación de la causal de crisis política y conmoción interna invocada” en el decreto de disolución de la Asamblea.
Las demandas de inconstitucionalidad habían sido presentadas por los partidos Social Cristiano, Unidad Popular, Pachakutik, por el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y otros dos ciudadanos.
Después de esa decisión, el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del período electoral, con lo cual inicia todas las actividades y operaciones de las etapas preelectoral, electoral y postelectoral, para los comicios anticipados en que se elegirá presidente, vicepresidente y 137 legisladores.
La presidenta del órgano electoral, Diana Atamaint, anticipó inclusive por la mañana que las elecciones podrían celebrarse el 20 de agosto. Sin embargo, al término de una reunión por la noche del máximo ente electoral no se formuló ningún anuncio al respecto.
Lasso disolvió la Asamblea la víspera cuando ésta tramitaba un juicio político en su contra por presunta malversación de fondos públicos.
La decisión se sustentó en un artículo de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver al Legislativo por una sola vez por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
Tras la disolución de la Asamblea, Lasso puede gobernar hasta por seis meses mediante decretos sobre temas económicos y administrativos, siempre con la aprobación de la Corte Constitucional.
Al mismo tiempo, el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones y quienes resulten electos deberán completar el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
El abogado y analista electoral Medardo Oleas explicó a The Associated Press que cuando se declare abierto el período comicial la máxima autoridad será el Consejo Nacional Electoral y de acuerdo con la norma constitucional “ninguna autoridad podrá interferir en la realización del proceso”.
Agregó que si la Corte Constitucional interfiriera con algún dictamen sus integrantes “podrían ser destituidos”.
Atamaint, señaló a la red de televisión Teleamazonas que una eventual segunda vuelta electoral sería el 15 octubre.
Saquicela acusó al gobierno de “inoperante, incapaz de resolver los problemas reales de los ecuatorianos” en temas de salud, vialidad y seguridad y agregó: “no quiero justificar si la Asamblea ha sido buena o ha sido mala, lo que defiendo es el marco constitucional y la institucionalidad”.
Lasso, un ex banquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el inicio de su mandato tuvo que afrontar una fuerte oposición legislativa liderada por una mayoría del partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Fuente: AP