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A través de un comunicado público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), a través de su línea de investigación de participación política, en el marco de hechos de trascendencia política sucedidos durante el mes de octubre de 2023 en Venezuela, reafirmó que en los sistemas de gobierno democráticos, la vigencia del Estado de Derecho, el respeto y la garantía del ejercicio de derechos fundamentales como la participación política es una obligación a ser respetada, amparada y cumplida por todas las autoridades.
Es por esa razón que, en defensa de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, expresan que:
- Apoyamos el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía venezolana, como el mejor mecanismo que ofrece la democracia para encauzar proyectos de visión sobre la conducción del destino del país.
- Nos hacemos solidarios con todas las personas que, en el ejercicio de sus derechos políticos, en el pasado, en el presente y en el futuro, acogiéndose a reglas de derecho y a las normas constitucionales, han promovido y participado en actos que implican participación política.
- Exhortamos a que se garantice el ejercicio de derechos políticos en el país, sin discriminación alguna y sin que esto traiga como consecuencia, actos de persecución, criminalización o represalias, que causen impactos negativos en derechos humanos y que desvíen la ruta democrática hacia derroteros de ausencia del Estado de Derecho.
- Nos solidarizamos con quienes invocando el ejercicio de los derechos humanos, desean el desarrollo de eventos electorales libres en el país, en el marco de una competencia pacífica y en condiciones de igualdad ante la ley.
- Solicitamos la vigilancia y la atención de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos adscritos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal de Naciones Unidas, así como de órganos políticos de los sistemas de integración a los que Venezuela pertenece, para la debida protección de personas que, por ejercer derechos políticos en Venezuela, puedan ser perseguidas, criminalizadas u hostigadas.
- Hacemos un llamado al estricto respeto de los derechos humanos en Venezuela, como la fórmula más eficaz de protección de las personas que se encuentran en las fronteras territoriales del país.
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