Este jueves 16 de febrero será instalada formalmente la instancia técnica establecida en el tercer encuentro del Diálogo del Foro Social, que contó con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la isla de Margarita, entre el 30 de enero y el 2 de febrero, y cuyo objetivo principal es fijar el monto del salario mínimo de los trabajadores.
Sin embargo, las principales centrales sindicales del país que participaron en el diálogo tripartito han propuesto que mientras se discute la fijación del salario mínimo, el Ejecutivo nacional apruebe un «ingreso de emergencia» para los trabajadores de la administración pública, pensionados, jubilados y empleados del sector privado que puedan clasificar dentro de las necesidades.
En ese sentido, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Elías Torres, aclaró que esto no es lo mismo que un ajuste o incremento salarial.
«Hubo el consenso y un planteamiento que hicimos desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que es una especie de un ingreso de emergencia, no salario mínimo. Un ingreso de emergencia mientras esto se esté tratando, porque a lo mejor esto puede tener un tiempo más debido a la agenda que se acordó y aceptó el Gobierno, que es entre febrero y máximo abril», dijo Torres.
El representante de la CTV enfatizó que este ingreso de emergencia debería ser aprobado «sin exclusión para todos los trabajadores del país que estén afectados», y no solo a los que están inscritos en el sistema Patria, que utiliza la administración de Nicolás Maduro para otorgar los bonos de «guerra económica».
«Los bonos se lo están dando realmente a los que están ubicados en el sistema patria. Esto no, (el ingreso de emergencia) sería para los trabajadores de la administración pública, que estén o no estén ese sistema, para los jubilados y pensionados que deberían ser incorporados a esto y para los trabajadores del sector privado que puedan clasificar dentro de lo que se está planteado», agregó el dirigente gremial.
Torres explicó que esta medida ha servido a otros países para «aliviar una carga momentánea en algunas situaciones de crisis financiera», por lo que considera que sería una buena alternativa para Venezuela, «que se justifica por lo que ya sabemos: un salario pulverizado, no hay valor adquisitivo y una economía totalmente por el piso».
El dirigente sindical aseveró que se requiere que el Estado «haga un esfuerzo y se le dé un aliviadero a la situación de los trabajadores». Además, descartó que los empleados públicos dejen las protestas de calles hasta que el Gobierno aumente el salario mínimo.
«La calle ya está hablando, lo está diciendo, tienen que oír y tienen que escuchar, porque las protestas no se van a paralizar porque estemos sentados en esta mesa de conversación, sino todo lo contrario. Serán fortalecidas por estas conversaciones, por estas protestas pacíficas que se están haciendo en este momento por la desesperación que tienen los trabajadores», advirtió Torres.
El secretario general de la CTV insistió en que «hay lógica, razonamiento y motivo suficiente para que esta propuesta pueda ser tomada en cuenta» por la administración de Nicolás Maduro, que se excusa en no aumentar el salario mínimo por las sanciones económicas que pesan sobre el país.
«Creemos que el Gobierno debería sentarse muy seriamente a revisar esto, porque podría ser un paliativo y pudiera, dentro de los recursos con los que cuenten, aliviar esta situación mientras seguimos en las discusiones técnicas», aseveró el representante gremial.
El dato
La mesa técnica del diálogo tripartito en la que participa la OIT concluyó con siete acuerdos según la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras).
Los tres convenios que se debatieron durante estos tres días fueron: el 26, que tiene que ver con la fijación del monto para el salario mínimo; el 87, referido a las persecuciones y elecciones de los sindicatos; y el 144, relacionado con la consulta tripartita.
El Foro de Diálogo Social contó con la participación de la CTV, Sindical Independiente (ASI), Confederación General de Trabajadores (CGTC) y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CTV); mientras que por el sector privado estuvo Fedecámaras y Fedeindustria. En representación del Ejecutivo Nacional, participó Francisco Torrealba, ministro del Trabajo.