La iniciativa impulsada por sectores patronales y sindicales para implantar una ley de emergencia laboral, con la finalidad de superar las dificultades productivas existentes en el país, amenaza los beneficios conquistados con la lucha de los trabajadores, como las prestaciones sociales.
El señalamiento lo hicieron dirigentes del movimiento sindical, gremial y de jubilados y pensionados en un remitido -con fecha 29 de diciembre- el cual forma parte de una campaña de recolección de firmas de apoyo para darle más fuerza al planteamiento.
El texto advierte sobre las implicaciones de declaraciones extra oficiales de personeros publicadas en los medios sobre la cristalización de una nueva agenda laboral.
La misma, según el escrito, se concretaría en una reunión entre el Ejecutivo, patronos y centrales sindicales a celebrarse el presente mes de enero en Margarita, estado Nueva Esparta.
A la cita asistirían también representantes de la misión de la Organización Internacional del Trabajo que desde 2019 viene mediando para que el gobierno chavista acate los convenios de la OIT.
«Se prepara una nueva reunión en Margarita para enero con la presencia del Ejecutivo, organizaciones sindicales y de empresarios para tratar lo relativo al ajuste de salarios y la ley de emergencia laboral, entre otros temas de sumo interés para los trabajadores y la vida económica, política y social del país», señala el documento.
Respecto a la ley, el remitido advierte acerca de «la intención de dar un carácter legal a la bonificación del salario y no reconocer dichos bonos como parte integral del salario y sin incidencia en las prestaciones sociales, lo cual le quitaría valor a ese activo de los trabajadores».
Destaca que lo más delicado del asunto es que las centrales obreras no han informado a los trabajadores sobre la materia ni tampoco han dado a conocer propuestas concretas.
Asimismo, se ignora si las centrales han unido criterios para llevar una posición unitaria a la reunión de Margarita.
Por ello, los suscribientes del remitido instan a los trabajadores y organizaciones a declarar el estado de alerta y movilización general mediante asambleas populares y de trabajadores; además de establecer mecanismos de coordinación y articulación especialmente en los encuentros regionales de trabajadores.
Igualmente, se hace un llamado a las centrales obreras invitadas a la reunión a informar a todos sus afiliados, con el fin de «no defraudar su confianza» sobre la naturaleza y alcances de la cita en Margarita.
Respecto al salario, el remitido insiste en la fijación del sueldo mínimo vital equiparado con el costo de la canasta básica como lo establece el artículo 91 de la Constitución.
Igualmente, subraya la exigencia del respeto a la libertad sindical, la suscripción y reconocimiento de las contrataciones colectivas y la libertad inmediata y plena de los dirigentes y trabajadores presos y/o con juicios bajo régimen de presentación en los tribunales como consecuencia de la criminalización y judicialización de la protesta.