Es difícil imaginar una Semana Santa sin procesiones en Nicaragua. Pero este año, las calles permanecerán tranquilas. El régimen de Daniel Ortega prohibió hace meses «por razones de seguridad» las actividades religiosas públicas: las fiestas patronales, las procesiones y también el Vía Crucis del Viernes Santo solo pueden celebrarse dentro de las iglesias y en recintos especiales.
«Una gran parte de la población es católica y muy devota. Por ello, estas procesiones y fiestas tienen un gran valor religioso, pero también cultural», explica Désirée Reder, investigadora del Instituto Alemán para Estudios Globales y regionales (GIGA) en Hamburgo. «Mucha gente está indignada y molesta por la prohibición. Pero también despierta temores y muestra lo limitada que está la libertad en el país. Creo que es también una señal que el Gobierno quiere enviar», añade Reder en entrevista con DW.
Relaciones tensas
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes y la prohibición de actividades religiosas. Los analistas suelen citar 2018 como el punto de partida del deterioro de las relaciones entre el régimen de Ortega y la Iglesia.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social. El régimen reaccionó con dureza brutal, más de 300 personas murieron y miles resultaron heridas. En aquel momento, la Iglesia católica estuvo al lado de los manifestantes, dio cobijo a los perseguidos y militó públicamente por una solución pacífica. Posteriormente, Ortega, llamó «mafia» a sacerdotes, obispos y cardenales.
En entrevista con DW, una colaboradora de una organización de ayuda internacional que no quiere ser nombrada, informa sobre intentos de intimidación contra organizaciones de ayuda eclesiásticas que ya no quieren hablar públicamente por miedo a la represión contra socios y personal en Nicaragua. Según ella, el régimen de Managua ha señalado explícitamente que se pondrían en peligro las posibilidades de financiación en el país si se siguiera hablando críticamente de la situación en Nicaragua en entrevistas.
Previsible ruptura con la Iglesia
El 12 de marzo de 2023, el papa Francisco calificó al Gobierno nicaragüense de dictadura. El resultado inmediato fue la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, el cierre de la embajada vaticana en Managua y la expulsión del arzobispo del país.
Désirée Reder está convencida de que esta evolución fue previsible y también deseada por Ortega. «Uno de los objetivos de la estrategia represiva de Ortega y su esposa y vicepresidenta Murillo era reprimir a todos los actores relevantes de la sociedad civil y cerrar gradualmente todos los espacios de acción civil.» El año pasado, las universidades quedaron bajo control gubernamental. Luego, poco a poco, se fueron cerrando o expulsando del país cada vez más oenegés. Y ahora la represión contra la Iglesia está alcanzando su punto álgido, afirma Reder.
«La Iglesia es uno de los lugares donde todavía se expresan críticas a su régimen. Un lugar donde se cuestiona su poder. La Iglesia representa una amenaza potencial para él», afirma la investigadora. Sin embargo, Ortega ya no tiene que tener en cuenta a la Iglesia, como hizo durante la campaña electoral de 2006, cuando buscó deliberadamente cerrar filas con ella.
Falta presión por parte de la comunidad internacional
Aunque la revocación de la ciudadanía a 94 activistas de la oposición atrajo mucha atención internacional, Reder está convencido de que hay organismos internacionales que podrían hacer más para presionar al régimen de Managua.
En 2021, el sector público nicaragüense recibió préstamos externos por 1.162 millones de dólares, 332.8 millones de dólares más (40,1 por ciento) con respecto a 2020, lo que representó un 7,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, según datos del Banco Central.
Los organismos multilaterales que más recursos destinaron al sector público de Nicaragua en 2021, en calidad de préstamos, fueron el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con 413,1 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con 353,5 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con 195,7 millones y el Banco Mundial, con 128 millones.
«Instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica o el Banco Mundial deberían actuar con más coherencia y mirar mucho más de cerca lo que están financiando. Ambos bancos siguen dando dinero a Nicaragua y siguen apoyando al régimen», afirma la experta.(ms)
Fuente: DW