En su primer acto ejecutivo, el presidente encargado Juan Guaidó, decretó el estado de alarma en Venezuela ante la emergencia provocada por el apagón nacional que se produjo el pasado jueves. Sin embargo, su implementación dependerá si la Fuerza Armada y los funcionarios de la administración pública acatan las acciones que se dictan.
La relevancia de que Guaidó declare la emergencia está en si los funcionarios acatan el decreto. De lo contrario, no tendría relevancia. Por tratarse de un estado de emergencia, las medidas deben realizarse de inmediato para pasar de la declaratoria política a la realidad material, afirmó el abogado constitucionalista Juan Rafalli a HispanoPost.
Añadió que es la primera vez que un decreto de emergencia se solicita debido a una falla en suministro de energía eléctrica y no por una causa económica como lo ha hecho la administración de Nicolás Maduro desde hace tres años.
En cuanto al punto del decreto que ordena la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados a Cuba, el constitucionalista expresó que estas son las medidas que el Presidente puede realizar en un estado de alarma. Está en plena competencia desde el momento en que el decreto es aprobado por la Asamblea Nacional (AN).
Guaidó se basó en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, que facultan al Presidente de la República decretar estados de excepción cuando circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, así como la Ley Orgánica de Estados de Excepción para solicitar su aprobación ante el Parlamento.
Las únicas instituciones con competencias para aprobar un Estado de Excepción son la AN y el Tribunal Supremo de Justicia, y según cita la solicitud del presidente encargado, el estado de alarma decretado se extenderá por un periodo de treinta 30 días, pudiendo ser prorrogable por treinta 30 días adicionales.
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