La Fiscalía General, dirigida por Tarek William Saab, sigue dilatando el proceso de la ejecución extrajudicial, por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que se sigue por el doble crimen en contra de Eligio Duarte y Fernando Lira, exfuncionario y funcionario de la Policía Municipal de Chacao, respectivamente, ocurrido el 6 de marzo de 2019, denunció la defensa.
El pasado 12 de agosto de 2020, fue destituido el fiscal Albis Arroyo, quien se encontraba encargado de la fiscalía 80 nacional con competencia especial en derechos humano. Había sido encargado de dicho despacho en el mes de febrero, a raíz de la renuncia de la fiscal Adriana Morales.
Arroyo, siendo el quinto fiscal asignado a la causa, procedió a reactivar la investigación que se encontraba extrañamente engavetada desde hace ocho meses, posterior a la captura del funcionario José Miguel Oliveros, quien ha ocupado varios cargos en distintos cuerpos de seguridad, incluyendo las FAES.
A Oliveros se le libró una orden de aprehensión el 28 de junio de 2019, por haberse encontrado suficientes elementos de convicción para determinar su participación en la ejecución extrajudicial en contra de Lira y Duarte, luego que fueran emboscados y los asesinaran arrodillados, indicó la defensa.
En una primera etapa del proceso, seis de los FAES involucrados fueron aprehendidos tras ser imputados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil, uso indebido de arma orgánica, agavillamiento, simulación de hecho punible y omisión de socorro.
Paralelamente, con los avances de la investigación se determinó, de acuerdo con la densa, la participación de José Miguel Oliveros, quien para el momento de los hechos se encontraba laborando dentro de ese cuerpo policial. 14 de un total de 31 conchas percutidas y un plomo de calibre 9 mm fueron colectadas en el sitio del suceso, resultaron positivas y coincidieron con el arma de reglamento, una subametralladora H&K, MP5, la cual tenía asignada.
Tras una orden de aprehensión, el Cicpc captura a Oliveros y lo pone a la orden del Tribunal cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda extensión Barlovento, a cargo de la juez Liliana Machaco, el 22 de Julio de 2019.
Tras dos atípicos diferimientos de la audiencia de presentación, según la defensa, se conoció que la intervención del fiscal superior de Miranda, Omar Jiménez, ordenó a los fiscales iniciales de la causa solicitara una medida cautelar para el imputado a lo cual, los encargados de la investigación Armando Saavedra y Rayglint Mora se negaron.
Sin embargo, el 25 de julio se apersonó en la sede del Circuito Judicial, la fiscal décima del estado Miranda, Clarissa Espinoza López, quien, sin ser la fiscal del caso, participó sin aviso en la audiencia de presentación de Oliveros y solicitó a la juez de la causa una medida cautelar de libertad bajo presentación, aun cuando se trataba de un doble homicidio. Adicionalmente, cambió de grado la participación de Oliveros de coautor a cómplice necesario, aunque sobre él pesaba una sentencia condenatoria definitivamente firme por otro homicidio en 2009, por lo que no debía darse el otorgamiento de medidas cautelares.
Pese a lo sucedido, la juez de la causa decretó con lugar la solicitud del Ministerio Publico y otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad bajo medida de presentación a José Miguel Oliveros.
Luego de esta decisión, varias fueron las diligencias solicitadas y negadas a las víctimas querellantes por parte del sistema de justicia: Ministerio Público y tribunales, advirtió la defensa.
Tras seis meses transcurridos los fiscales iniciados fueron destituidos y, posteriormente, le fue asignada la causa a Adriana Morales. quien renunció luego de 20 días de tener el caso.
Una nuevo fiscal, Albis Arroyo, fue asignado para reactivar la investigación, y atendió a las solicitudes que durante un año habían realizado las víctimas, luego de tres meses en la causa y como consecuencia de su accionar al acordar algunas diligencias de investigación el pasado 12 de agosto fue separado de la causa y destituido.
Actualmente en la causa, seis funcionarios se mantienen privados de libertad, luego de siete diferimientos de audiencia preliminar, se decretó el pase a juicio, admitiendo todos los medios de prueba plasmados en la acusación fiscal.
Hasta la fecha el acto de apertura a juicio por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento ha sido diferido en cuatro ocasiones y se encuentra paralizado por la situación de Pandemia hasta nuevo aviso.
Los seis funcionarios de las FAES acusados son: Alexander Efraín Uzcátegui Flores, Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez V.- 10.694.064, Richard Alfredo Sánchez Pérez, este funcionario policial presenta dos sentencias condenatorias por robo, secuestro, aprovechamiento de vehículos provenientes del delito, utilización de adolescente para delinquir y porte ilícito de arma de fuego, posee un proceso abierto en el tribunal Primero de control del estado Miranda, extensión Barlovento por la comisión de los mismos delitos y cinco causas abiertas en el Ministerio Público.
Sin embargo, señaló la defensa, aún forma parte de un cuerpo policial Meyfer José Días López y Francisco Jesús Paredes Peña.
Las víctimas siguen intentando el traslado de los acusados al centro de reclusión, penal de Yare 3 , ya que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a la orden judicial del Tribunal 4to de Control, el cual fijó la reclusión en ese centro el 4 de abril cuando fueron presentados y privados de libertad dichos funcionarios, pues existe un inminente peligro de fuga de los acusados. Se encontraban detenidos las FAES en Caricuao, ahora fueron trasladados a la Zona 4 de la PNB, donde se les ha visto entrando y saliendo, desplazándose libremente fuera de la misma, señala la defensa.
Se conoció que Henry Sánchez, fiscal 34 nacional en materia de derechos humanos, será el nuevo a cargo de dirigir la investigación penal de la ejecución extrajudicial.