En las últimas semana se ha producido una ola de denuncias, a través de las redes sociales, sobrer supuestos falsos médicos que ofrecen sus servicios a bajos costos para estafar a los pacientes venezolanos. Al respcecto, Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina (ANM), aseguró que «esta serie de denuncias se inició con mayor fuerza al momento de establecerse la pandemia, cuando había necesidad de grupos médicos que hicieran visitas a domicilio, que se desplazaran por todas las ciudades del país».
López Loyo dijo que esto motivó a grupos delincuenciales, conformados por «personas que, en principio, se supone estaban alrededor de médicos y equipos de salud, identificando y observando las conductas que aplicaban y de esa necesidad de hacer prácticas y acompañamiento médico en los hogares, ha surgido este fenómeno, donde se ha abrogado la función médica haciendo uso de lo que se llama ‘el intrusismo profesional».
Riesgos y consecuencias
López Loyo advirtió que esta situación es de alto riesgo para las personas que caen en dicha estafa. «Es una situación muy lamentable, muy peligrosa. No sabemos hasta qué grado se ha dimensionado este problema, puesto que estos individuos son capaces de ejecutar procedimientos y aplicar terapias sin conocimiento y no se responsabilizan por la evolución de los pacientes. Tal vez muchas muertes atribuibles a los procesos de enfermedad en tiempos de pandemia pudieron estar asociados al intrusismo profesional».
Explicó que la Academia de Medicina ademia es un organismo de intermediación en cuanto a procesos de educación, establecimiento de pautas del deber ser en el sistema sanitario y la incumbencia en cuanto a la fijación de normas deontológicas está a cargo del componente gremial de los colegios profesionales.
Por lo tanto, indicó que «no es una función directa de la Academia establecer pautas de combate contra este tipo de circunstancias que ponen en peligro la integridad de las profesiones, cuando son utilizadas por los delincuentes para cometer fechorías y estafar a grupos poblacionales, poniendo en peligro sus vidas».
Pese a que reconoce que sí ha habido detenidos por ‘intrusismo profesional’, «en los últimos meses ha habido una gran cantidad de detenciones de individuos con acusaciones de intrusismo profesional, no solamente en el área médica sino también de enfermería y odontología, los cuales se valen de que son procedimientos normalmente costosos, adquieren un entrenamiento mínimo como asistentes en estos procedimientos y luego colocan y ofrecen estos servicios de manera muy económica para producir la captura de personas incautas que caen en las garras de estos delincuentes».
No todos son delincuentes
El médico insistió en que la imposición de castigos por este delito dependen del Estado: «Repito que la determinación de los hechos, las circunstancias de identificación de estos victimarios y la definición de una respuesta del Estado contra ellos está de la mano de los colegios profesionales que llevan respectivamente cada gremio y el Ministerio Público, identificando la vulnerabilidad del derecho a una atención adecuada, profesional y segura que tienen los ciudadanos».
López Loyo también aprovechó la oportunidad para denunciar que el Estado ha realizado otras detenciones, a su juicio, injustas. «Las sociedades científicas médicas hemos visto con preocupación la detención de personal sanitario y médico simplemente por tener alguna aguja o algún material para trabajar en las guardias. Por lo general, nosotros usamos koalas para garantizar los insumos mínimos en cada una de las guardias».
Explicó que «los grupos de guardias se rotan algún koala conteniendo algún tipo de medicamentos, gasas, jeringas, entre otros, para poder ayudar a la situación de los pacientes que lo requieren en emergencias. Ha habido un redimensionamiento con la penalización de este tipo de actividades, haciendo uso del poder del Estado, a través de Fiscalía, para la detención indebida de muchos profesionales de la salud solo por encontrar algún tipo de estos elementos».
El presidente de la academia abogó por los médicos certificados que han sido acusados injustamente. «No tienen nada que ver con la sustracción real que existe en los diferentes centros sanitarios venezolanos y vemos con preocupación que muchos médicos y personal de enfermería se encuentran bajo las órdenes del Ministerio Público, detenidos, con privación de libertad, con acusaciones que no tienen la dimensión correcta en relación con el daño que puede haber hecho a la población, sino por simplemente tener en su poder algún tipo de insumo de uso médico estando de guardia».