El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones económicas directas contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, entre las que figura la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense.
La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro y se produce un día después del voto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela.
«Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano», señaló Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.
«Sancionando a Maduro, EE.UU. deja claro nuestra oposición a las políticas de este régimen y nuestro apoyo a la gente de Venezuela que busca devolver el país a una democracia completa y próspera», remarcó Mnuchin.
Con esta designación, quedan congelados todos los activos que Maduro pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con él por parte de ciudadanos de EE.UU.
De este modo, Estados Unidos agregó a Maduro a la lista de 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos a quienes sancionó la pasada semana por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia.
Mnuchin agregó que queda abierta la puerta a más sanciones contra funcionarios venezolanos.
«Cualquier persona que participe en esta ilegítima ANC podría ser expuesto a futuras sanciones por minar el proceso democrático y las instituciones en Venezuela», subrayó.
En estos comicios, en los que la oposición no participó al considerarlos «fraudulentos», se eligieron 545 representantes que además de tener la potestad para reescribir la Carta Magna, vigente desde 1999, podrán avanzar en la reordenación del Estado venezolano.
La elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo en medio de protestas dejó 10 muertos, según la Fiscalía, y 14 según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con lo que la cifra de fallecidos asciende a 121 desde que el 1 de abril se iniciaron las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno.
La MUD se negó a participar en este proceso que consideró fraudulento y en el que, según el Gobierno, votaron más de 8 millones de venezolanos.