Desapariciones forzadas, el precio de la violencia en Nuevo León

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    El estado de Nuevo León no es ajeno a la crisis de desaparecidos que asola México con más de 27 mil casos reportados por Amnistía Internacional a lo largo de los últimos dos sexenios, aquí, como en otras entidades, los familiares de las víctimas se han visto forzados a unirse en resistencia ante la impasividad de las autoridades, en muchas ocasiones acusadas de participar en los mismos eventos que llevaron a la desaparición de las víctimas.

    Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL) es una trinchera desde la que padres y madres de desaparecidos luchan por la reaparición de sus víctimas, la necesidad ha llevado a los familiares a tomar especializaciones universitarias en leyes y derechos humanos y a explorar todas las instancias en la búsqueda de sus seres queridos. El caso de Roy Rivera, hijo de la Leticia Hidalgo, se ha vuelto emblemático tras ser sustraído por policías estatales de su propia casa en 2011. Hoy el rostro del hijo de la «Señora Lety» adorna muros de la ciudad y de facebook acompañado de la frase «A mi me falta Roy», como un memorial de todas las personas que les hacen falta a los nuevoleoneses.

    Los miembros de FUNDENL llevan más de seis años exigiendo que se les de acceso a los registros fotográficos y de ADN de los internos en las cárceles, sospechando que son usadas por bandas de policías corruptos para esconder a los desaparecidos.  La masacre durante el reciente motín en el penal de Topo Chico expuso una verdad muy incómoda para el gobierno de Nuevo León, 4 de los muertos no tenían registro de haber ingresado al penal, confirmando la sospecha de los padres de desaparecidos quienes siguen recibiendo evasivas del gobierno estatal.