Designación de ‘nuevos’ magistrados una vez más pone al Poder Judicial venezolano en entredicho

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Después de haber diferido en varias ocasiones la sesión ordinaria para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado martes, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 hicieron el nombramiento, lo que ha causado rechazo entre algunos juristas.

En la lista de los ‘nuevos’ magistrados que regirán el Poder Judicial venezolano por los próximos 12 años repiten algunos nombres que integraban a la máxima corte en el período anterior. Pasaron tres meses y más de 400 candidatos desfilaron entre las postulaciones, para la escogencia de los 20 integrantes que conformarán las siete salas del máximo tribunal.

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Aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estable que los magistrados deben ser elegidos por un período “único” de 12 años, se repitieron nombres como el Maikel Moreno, quien era el presidente del TSJ, además de los magistrados Lourdes Anderson, Luis Fernando Daminani, Edgar Gaviria, Inocencio Figueroa, Calixto Ortega, Fany Márquez y Elsa Gómez, entre otros miembros del antiguo poder judicial.

También destacan los nombramientos de Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ en el período comprendido entre los años 2013 y 2017. Asimismo, la designación de quien era, hasta el pasado martes, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio, formando parte de los magistrados de la Sala Constitucional, y la diputada Gladys Requena, ahora inspectora general de los tribunales.

Todos, anteriormente, identificados como “leales” a la administración de Maduro. En cuanto a la designación de magistrados cercanos a la oposición, destacan los nombres de Luis Emilio Rondón y Elías Bittar.

Solo busca aparentar cambios

El abogado y especialista en Derecho Procesal, Ramón Aguilar, opinó que dicha designación solo busca “aparentar” cambios en el TSJ. “Solo es una burda maniobra para aparentar cambios en el sistema de justicia e intentar evadir la investigación en del Fiscal de la CPI (Corte Penal Internacional). Aunque dicho Fiscal ya señaló en su último escrito que ‘la evaluación de complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que puedan ocurrir en el futuro”.

Si bien Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del PSUV, aseguró que la designación de los ‘nuevos’ magistrados se hizo de conformidad con lo establecido en la Carta Magna, a juicio de Aguilar, “disminuir el número de magistrados, implica mayor facilidad para controlarlos, en especial si se ha designado a quienes ya antes han ocupado los puestos y han servido al régimen, como Gladys Gutiérrez y Maikel Moreno, por ejemplo”.

«La Constitución Nacional, a partir del artículo 262 empieza a regular al TSJ, habla sobre las competencia h en el artículo 264 regula la elección de los magistrados. Desde hace varios años la Asamblea Nacional ha vulnerado la escogencia de los magistrados del TSJ», aseveró la abogada constitucionalista, Mariana Campos Villalba, contrarió lo sucedido en la AN.

Agregó que «en las indicaciones de cómo debe ser este procedimiento en ninguna parte sale la figura de la comisión preliminar que se incorpora con la última reforma del TSJ de enero de este año. Esta figura señala que estará integrada por 11 diputados y hace una preselección de los postulados. No conforme con que el Poder Legislativo es el que está haciendo el chequeo de la elección, también pasa por un filtro anterior que es el Comité de Postulaciones Preliminares. Esto vulnera totalmente lo establecido en el artículo 264 de la Constitución y establece un filtro político aún mayor a la escogencia de los magistrados, que evidentemente es un filtro político mucho más reforzado por la conformación actual e ilegítima de la AN». 

Aguilar calificó el proceso de escogencia y designación como “viciado”, por tanto, contrario a los estatutos nacionales: “El proceso completo está viciado, desde la modificación de la ley, que se aplica con efecto retroactivo, hasta el órgano que designa, que es una Asamblea cuya legitimidad está cuestionada tanto nacional como internacionalmente; pues no fue producto de una elección libre y transparente, como lo concluyó la misión de observación de la Unión Europea”.

Para Campos Villalba también es un proceso viciado, ya que «el artículo 264 indica que los que podrán postularse al Comité de Postulaciones Judiciales son personas por iniciativa propia u organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. Si nos vamos a la convocatoria que hubo, incluían a personas personas que no tenían nada que ver con este tipo de actividad. Es un comité técnico conformado por personas de la sociedad civil para elegir a los magistrados, no es un comité de carácter social y su esencia no debería estar permeada de partidismos ni posiciones políticas, porque precisamente pierde el carácter objetivo que debería tener este comité». 

Venezuela necesita cambiar

Aguilar aseguró que en Venezuela se deben dar cambios para su reinstitucionalización: “Lo primero que hay que hacer para la reinstitucionalización del país es salir de la dictadura a través de elecciones libres y justas, sin presos políticos y sin inhabilitados ni perseguidos. Hay que elegir presidente de la República y una nueva Asamblea Nacional, y que esta nueva Asamblea aplique el procedimiento constitucional y legal. Debe cumplirse con las credenciales académicas y morales, ser estricto con la independencia –es decir, no militancia- política de los postulados. No es posible ni constitucional que una persona sea miembro de un partido político ‘renuncie’ y al día siguiente lo designen magistrado”.

Según Campos Villalba, «la regulación específica sobre el TSJ ya vulnera el debido proceso y la imparcialidad que de alguna manera la Constitución trata de dotar a la escogencia de los magistrados. Ahora vemos cómo esta nueva reforma, en su procedimiento, es como un pulpo que trata de tomar todas las aristas posibles para poder controlar de cualquier manera el procedimiento de escogencia de los magistrados. La escogencia debería ser completamente apegada a lo que establece la Constitución Nacional». 

En cuanto a la designación de magistrados que ya habían formado parte del poder judicial, Aguilar dijo que “tampoco se pueden designar a personas señaladas internacionalmente como narcotraficantes o violadores de Derechos Humanos. Moreno tiene prontuario policial, Estados Unidos ofrece una recompensa por corrupción y crimen organizado. Poco importa si es el presidente del TSJ o de una Sala simplemente no puede ser magistrado. Por otra parte, algunos magistrados designados nuevamente sobrepasarían el lapso máximo que, es de 12 años”. 

«De los 20 magistrados designados, solo uno no forma parte o no tiene vínculos aparentes con el oficialismo. Todos han estado vinculados al chavismo o han formado parte de un partido político, lo que contraría lo que establece la Constitución. Más aún con los procesos que se están llevando ahorita con la CPI, es una especie de ‘no me importan los procesos que se están llevando a nivel internacional. Yo voy a premiar a estas personas que han cometido delitos de lesa humanidad con un cargo como magistrados del TSJ'»

Mariana Campos Villalba, abogada constitucionalista

Campos Villalba hizo también un recuento de los casos que considera más graves dentro del ‘nuevo’ TSJ: «Juan Hidalgo, general de división. Fiscal militar en 2009. Henry Dimaure, que fue presidente de la Corte Marcial en 2017, ambos están denunciados ante la CPI por haber juzgado a jóvenes estudiantes en jurisdicción militar. Lejos de querer rescatar la institucionalidad y la separación de poderes, algo que tanta falta hace ene Venezuela, es una cachetada a los venezolanos que están esperando un rescate de la democracia». 

Contrariando lo establecido 

La constitucionalista mencionó el caso de los magistrados que son asociados a la oposicion. «También vemos que, por ejemplo, José Luis Gutiérrez es excretor del CNE y casualmente es hermano de Bernabé Gutiérrez, que forma parte de Acción Democrática (AD), disidente o como les llaman: los ‘alacranes’. También está Elías Bittar, de quién aún no se haya ninguna vinculación. Se dice que forma parte de Primera Justicia disidente, también llamado ‘alacrán’. Recordemos que fue profesor de Derecho Constitucional de la Católica (UCAB), abogado de RCTV y ganó un proceso judicial internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en contra del Estado venezolano. Por lo cual, muchos abogados no nos explicamos qué hace el nombre del profesor Elías Bittar en esta lista». 

A su juicio, esta designación es una estrategia del oficialismo. «Es un proceso totalmente viciado no solamente en su narrativa, sino también porque las personas que conforman este ‘nuevo’ TSJ han estado implicadas en delitos o están siendo investigadas por delitos de lesa humanidad que se están llevando a la CPI». 

Para concluir, Campos Villalba destacó el caso del expresidente de la máxima corte del país, Maikel Moreno: «Cualquier persona que piense que el gobierno está tomando un camino institucional es una buena prueba de que es más de lo mismo. El retiro de Maikel de la presidencia del TSJ podría ser una carta para aparentemente demostrar que se está haciendo un cambio. Pero si vemos el libro desde la carátula, podemos pensar que a Maikel lo están castigando al ser relegado a otra sala, pero si vemos la conformación de los magistrados es sólo una carátula para distraer la atención y no ver quién verdaderamente está conformando el TSJ». 

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Keissy Bracho
Keissy Bracho
Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual Especializada en Comunicación Política, Opinión Pública, Marketing Político, Gestión de Políticas Públicas. Aprendiendo de Género

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