Hace 15 días pasé por uno de los momentos que más temía. Un familiar, mi tío papá, enfermó de repente, y a pesar de mis múltiples trabajos, mi capital era insuficiente para cubrir los gastos, en principio, clínicos y, posteriormente, funerarios.
Por muchas noticias que se lea a diario sobre el tema, o a las que tengamos acceso como periodistas, nunca se entiende la realidad de vivir en un país con uno de los peores sistemas sanitarios del mundo, hasta que te enfrentas con esa realidad.
Cerca de 8.000 dólares fue la cuenta total de los gastos médicos de mi tío papá. En un país donde el salario mínimo no supera los 4 dólares mensuales, una factura por semejante costo le suma angustia, desesperación e incertidumbre a quienes deben afrontar el dolor de perder a un ser querido.
La muerte en Venezuela pasó a ser un negocio. El día que un accidente cerebro vascular (ACV) nos puso a dar carreras con mi tío papá por Caracas, en un carro particular porque ningún servicio de ambulancia ni los números de emergencias atendieron nuestros llamados, comenzó el viacrucis.
Al llegar a una clínica privada en Altamira, el jefe de seguridad no lo quería recibir por pensar que se trataba de un paciente de COVID-19 grave. Una vez que uno de los médicos de emergencia escucha que se trata de un paciente con cuadro de ACV o infarto, diagnóstico que dimos nosotros mismos por suposiciones, nos dejaron pasar.
Necesito que vayas a admisión y canceles el ingreso, lo más pronto posible, porque sin eso no lo podemos atender, recuerdo que me dijo la doctora residente. Llegar a admisión fue relativamente complicado, por los pasillos y accesos cerrados por presencia de pacientes positivos con COVID-19.
Con 400 dólares en efectivo y en la mano, la encargada de admisión me dice que el ingreso son 700 y para poder comenzar a atenderlo había que pagar billete tras billete. Las únicas opciones de pago: divisas en efectivo o Banesco Panamá.
Tras varias horas de espera y sin respuesta, y persiguiendo a la doctora de emergencias, pudimos conocer que mi tío papá había sido hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por la gravedad de su estado. Deben pasar por admisión para que les den el presupuesto de hospitalización.
Sin medicinas ni respuestas
El presupuesto estimado por dos días de hospitalización en la UCI, para un paciente sin COVID, rondaba los 6.000 dólares. A él no se le aplicó ningún tipo de tratamiento o medicamento, su estado era tan delicado que solo estaba entubado y en palabras del médico tratante. Esperando a que su corazón deje de latir.
Mi tío papá solo estuvo un día en la UCI, el sábado por la mañana, luego de haber ingresado el jueves por la tarde, su corazón se paró. No hubo llamada de parte de los médicos, como nos lo habían prometido. No nos pudimos quedar con él en la clínica ni despedirnos, porque debido a la pandemia no está permitido que los familiares se queden en las salas de espera ni pueden ver a los pacientes, como señaló el doctor la primera noche.
Tampoco durante el día salieron a conversar con nosotros sobre el estado de nuestro familiar. La secretaria de la UCI nos dijo que los partes médicos se ofrecen únicamente cada 24 horas, a partir de las 9 de la mañana. No parece casualidad que el acta de defunción de la clínica señale que mi tío falleció, según ellos, a las 9:10 am.
Lo que sí hubo fue una factura millonaria por 5.000 dólares, en las que por un pequeño error de administración, como nos dijeron en caja cuando reclamamos. Incluyeron una factura extra de un paciente desconocido por 250 millones de bolívares, lo que calculado a la tasa de ese día son aproximadamente 850 dólares y que aún hoy, dos semanas después, esperamos sean reembolsados.
Lista de espera para la cremación
Tras el anuncio, nos tocó enfrentarnos a otra realidad aún más triste. Un amigo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al conocer la noticia, me llamó para alertarme: No vayas a caer en la mafia de los Cicpc, ya te voy a pasar un número para que llames a una persona y canalices con él directamente la cremación, dijo.
Indagando un poco sobre lo que él llamó la estafa del Cicpc, me contó que presuntamente los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas han aprovechado la pandemia para rebuscarse un dinero extra. Al conocer del fallecimiento de una persona sobre todo en los hospitales, se acercan a los familiares y les ofrecen ayuda para canalizar la cremación a cambio de una pequeña colaboración.
La realidad es que las listas de personas fallecidas esperando cremación en los cementerios públicos o del Estado, son extensas por el aumento de casos de coronavirus y la pequeña colaboración. Según me dijo mi amigo, puede oscilar entre los 100 y 150 dólares, dependiendo del o los funcionarios. Pero el tan esperado cupo en la lista no lo consiguen porque una vez que le dan la plata al policía, este se desaparece, contó.
Por su parte, el servicio funerario más económico, y también gracias a la ayuda de un conocido, oscila entre los 150 y 300 dólares. En el registro exigen una cantidad de fotocopias de los documentos personales del difunto y de los familiares, que un domingo y en cuarentena no es mucho lo que suma al costo monetario, sino al desgaste físico y mental de las familias.
Ya en el Cementerio de El Junquito, de jalar por aquí y por allá como se dice coloquialmente, es más fácil conocer el drama de la muerte. Atiéndela a ella que viene de VTV, dijo el gerente del campo santo y contacto de mi amigo del PSUV. Instantáneamente mi cerebro hizo cortocircuito, no solo porque la información sobre mí estaba errada, sino porque ¿si no fuera de VTV no me atenderían?, me pregunté.
La muchacha que me atendió me dijo: Tienes suerte, que el jefe está de buen humor hoy, porque estamos full. Tu familiar queda para mañana, hay quienes han sido devueltos, pero esta noche no te podemos resguardar el cuerpo, porque en serio estamos full. Me dio unos datos más y me indicó que mi monto a cancelar era 13 millones de bolívares, más el costo del cofre para las cenizas, que dependiendo del modelo elegido puede estar entre 1.500 o 2.000 bolívares.
Mientras esperaba a que me atendieran escuché a muchas personas suplicar y quejarse por la lista de espera. Uno de los que esperaba como yo contaba que era la tercera vez en la semana que se desplazaba desde Petare hasta El Junquito a solicitarle al gerente del cementerio que le diera ingreso a un difunto de COVID que tenía en su casa desde la semana pasada, y es que el hombre en cuestión usa el estacionamiento de su casa para albergar a sus vecinos fallecidos, por un costo de 50 dólares la noche.
Ese hombre murió el lunes pasado y ya ha pasado una semana. Me dijeron que lo trajera el jueves, pero si ese hombre empieza a botar líquidos, yo qué hago, gritaba el hombre visiblemente preocupado.
Recordar cada uno de estos momentos, es recordar también una historia de nunca acabar y de las que, como dije al principio, solo el que la vive la puede creer. Cuando la tragedia parecía haber terminado para mi familia, como el servicio funerario fue una ayuda, los carroceros no querían dejar el cuerpo de mi tío en el cementerio, y es que arbitrariamente en el campo santo se quedan con las urnas en calidad de donación.
Eso fue otro trajín que logró resolverse una semana después o de lo contrario nos tocaba pagar por el pedazo de latón otros 150 dólares a la funeraria, por concepto de donación de urna involuntaria.
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