Guatemala se ha despertado hoy con un ataque con bomba a un autobús extraurbano, que ha causado la muerte de una persona, mientras que 17 han resultado heridas, cinco de ellas de gravedad. El ataque se produjo cerca de las 08.00 horas cuando explotó un artefacto incendiario en la parte trasera del autobús, que fue activado a distancia a través de un teléfono móvil, según el Ministerio de Gobernación.
Como consecuencia de la fuerte deflagración, varios usuarios salieron despedidos por la parte trasera del autobús, que hacía la ruta entre San José Pinula y la capital de Guatemala, situadas a 30 kilómetros de distancia. La explosión causó la muerte de un pasajero y quemaduras de primer y segundo grado a 13 adultos y 3 menores de edad de 2, 5 y 7 años, mientras que otro usuario de 27 años sufrió quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo.
Pese a que el Ministerio de Gobernación se ha apresurado a decir que la empresa de transporte colectivo de pasajeros no estaba siendo víctima de extorsión, lo cierto es que todo apunta a que el ataque se debe a una venganza de las pandillas por no haber cobrado el pago al que obligan a este tipo de empresas bajo la amenaza de muerte.
Así, en este país centroamericano es habitual que cada día se produzcan ataques armados contra el transporte público, lo que convierte a los conductores de autobús en la profesión más peligrosa, hasta el punto de que en Guatemala existe una asociación de viudas de conductores.
Solo en lo que va de año, ya se han producido 60 ataques al transporte público de Guatemala, que ha dejado un saldo de 44 personas fallecidas, según información aportada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que revela que en los últimos seis años han muerto más de 1.800 personas en distintos medios de transporte como consecuencia de ataques armados o asaltos. De todas ellas, 508 eran pasajeros y 473 conductores de autobús. El año más mortífero fue en 2014, cuando se contabilizaron 418 personas muertas, cifra que se redujo a 250 en 2015.
Pese a que el modus operandi de los grupos criminales es acercarse en una motocicleta al autobús para disparar al conductor y a su ayudante como represalia por no pagar la extorsión exigida, ésta es la tercera vez que se ataca un autobús con una bomba, al igual que sucedió en 2010 y en 2011 contra dos autobuses de la ruta a Ciudad Quetzal. El ataque más grave se produjo en 2011, cuando un artefacto explosivo lanzado desde un vehículo causó la muerte de siete personas.
La PDH estima que la extorsión al transporte público genera un negocio de 180 millones de quetzales (22,5 millones de euros), mientras que 10.000 personas se dedican a este lucrativo negocio dirigido desde las prisiones por los líderes de las principales pandillas. A pesar de que los autobuses urbanos y extraurbanos, conocidos en Guatemala como camionetas son los lugares más amenazados, no cuentan con seguridad privada, a diferencia del resto de sectores, como farmacias o camiones de transporte, que está protegidos por agentes fuertemente armados
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