El economista Alejandro Grisanti, miembro de la junta directiva Pdvsa Ad Hoc, aseguró: Citgo no está perdida. El anuncio del lunes es un claro revés, pero quedan todavía muchos recursos legales, políticos, y licencias que se pueden aplicar.
Su comentario es en referencia a la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos, que abre la posibilidad a un embargo de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en ese país, a favor de la empresa Crystallex,
En su cuenta de Twitter Grisanti advirtió que la responsabilidad de esta pérdida debe recaer únicamente en Chávez y Maduro y en ningún momento en el gobierno de Juan Guaidó y/o sus representantes. Los que acusan a los representantes de Guaidó lo están haciendo bajo ignorancia o simplemente con maledicencia, agregó.
Recordó que el caso nació de un proceso de nacionalización de la mina de oro Las Cristinas realizado por Hugo Chávez en 2008. Seis años después de que su explotación fuese concedida -por él mismo- a la empresa canadiense Crystallex.
Con respecto a la deuda de 1.200 millones de dólares, detalló que es una indemnización que tiene que pagar la República, luego de un proceso de arbitraje en el CIADI, que culminó alrededor de 2014.
Un fondo litigante compró Crystallex y, con ello, la deuda que tienen con la República. Es decir, Crystallex ya no tiene obreros, mineros, contadores, etc. tiene simplemente abogados litigantes, que buscan extraer recursos de un país que atraviesa una crisis humanitaria, añadió Grisanti.
Explicó que en 2017 se introdujo una demanda contra Pdvsa para que fuera la petrolera la que asumiera la responsabilidad en vez de la República. Inexplicablemente la República abandona el caso, Pdvsa toma el caso y se produce la primera sentencia en contra en 2018.
Grisanti indicó que en octubre de 2018 la República retomó inexplicablemente el caso y sin hablar con Pdvsa llegó a un primer acuerdo con Crystallex para un pago de 425 millones de dólares. Nadie ha podido tener acceso a este acuerdo, y se comenta que se negoció con una versión en español que difiere de la versión en inglés.
La primera sentencia se dictó en agosto de 2018, y allí comenzó la segunda instancia. Lo único que se podía hacer para ese momento era lograr que la República interviniese en el juicio. Cuando nos toca a los representantes de Guaidó en febrero de 2019 no había posibilidad de introducir nuevos alegatos, señaló el economista.
Sobre el tema del procurador José Ignacio Hernández, Grisanti aclaró que Hernández actuó como testigo experto independiente y nunca como abogado: Jamás se pronunció sobre el fondo del caso. Afirmó que en marzo de 2019 se inhibió del caso y quedó a cargo a la abogada María Ignacia Borjas.
Añadió que se solicitó una orden ejecutiva al presidente de Estados Unidos, para proteger los activos de Venezuela en ese país. Por ahora no la han concedido ya que entienden que las sanciones protegen los activos venezolanos -con excepción de los bonistas del Pdvsa 2020, que tienen licencia.
El pasado lunes 29 de julio, la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos rechazó la apelación que solicitó Pdvsa de anular la orden que le permitiría a Crystallex tomar activos de la petrolera con el fin de cobrarse 1.400 millones de dólares que le debe el Gobierno venezolano por la revocatoria de la licencia en las minas Las Cristinas, que ordenó en 2008 Chávez.