Los críticos del gobierno de Nicolás Maduro han pedido a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ponga fin a las licencias que permiten a empresas estadounidenses y europeas operar dentro de la industria petrolera de Venezuela.
Esto tras los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Nicolás Maduro ganador de la contienda electoral. Sin embargo, expertos concluyen que Estados Unidos no debería restablecer las sanciones a la industria petrolera venezolana, sino continuar con la política que se ha implementado durante el gobierno de Joe Biden.
“A pesar de la tensa política del sistema de licencias de la OFAC, Washington debería seguir con la política actual (que regula el flujo de efectivo hacia Venezuela, distancia al país de China e Irán y fortalece la seguridad energética transatlántica) en lugar de volver a las estrategias de ‘máxima presión’ que lo precedió”, advierten David Voght y Patricia Ventura, en su artículo There’s a more effective way forward than“maximum pressure” for Venezuela.
Dolores Dobarro, exviceministra de Energía y Minas, abogada y asesora en materia de energía, coincide con el anterior planteamiento. “Esa es una consideración cierta”, dice y agrega que en la medida en que más producción vaya hacia el mercado estadounidense, “menos se destinará a otros mercados”.
Voght y Ventura, quienes son directores de la firma de investigación y consultoría IPD Latin America, también responden en su análisis por qué el gobierno de Estados Unidos autorizaría a los operadores petroleros extranjeros generar ingresos a partir del crudo venezolano ante la situación política que vive el país.
“La respuesta es que las licencias de la OFAC son mucho más efectivas para regular el flujo de caja de estas ventas que las sanciones de máxima presión de 2019 a 2022, cuando las empresas occidentales se divorciaron de sus actividades de empresas conjuntas”, indican.
Los expertos resaltan que la emisión de licencias específicas desvió las exportaciones de petróleo venezolano de China hacia Estados Unidos, Europa y la India: en 2024, Venezuela exportó 310.000 barriles por día (bpd) China, frente a 491.000 en 2021.
“La proporción de exportaciones de petróleo comercializadas por comerciantes fantasmas disminuyó de prácticamente la totalidad en 2021 a alrededor de 60% en 2024. La dependencia de Venezuela del condensado iraní terminó, ya que a las empresas con licencia de la OFAC ahora se les permite importar diluyentes de origen occidental para la producción de petróleo extrapesado”, sostienen.
Y si bien China sigue recibiendo crudo venezolano, de acuerdo con Dobarro, “es en menos cantidad”, por la sustitución que implica la emisión de las licencias. “Si estas licencias son revocadas, ello implicaría nuevamente la venta de nuestros crudos a Asia con mayores descuentos y, por ende, menos beneficios”.
Asevera que de eliminarse las licencias “nuevamente se haría presente el peso del sobre cumplimiento (overcompliance)” y esto implicaría que las empresas titulares de las licencias no tendrían permitido operar en Venezuela, “teniendo que reformularse nuevamente la operación sin estos socios ‘B”.
Además de ello, según Voght y Ventura, si bien Venezuela representa solo el 1% de la producción mundial de petróleo y “tiene una influencia limitada sobre los precios del petróleo, ante la inestabilidad en el Medio Oriente, a Estados Unidos no le hace ningún bien perder el acceso a suministros tan cerca de casa. Sacar a las empresas occidentales de la producción petrolera venezolana solo aumentaría los riesgos de seguridad energética”.
“Las sanciones son impopulares entre los venezolanos”
A finales de octubre, en el evento Venezuela at a Crossroads: Reassessing Sanctions–The Best WayForward? organizado por la Universidad Internacional de Florida y el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas, los expertos Brian Fonseca, Christopher Sabatini, Asdrúbal Oliveros y Feliciano Reyna analizaron el impacto que las sanciones económicas de Estados Unidos han tenido sobre Venezuela.
Coincidieron en que la imposición de sanciones más que propiciar un cambio de gobierno -que era su objetivo primordial- han incrementado “el sufrimiento” de los ciudadanos y exacerbado la migración ante la crisis humanitaria que estas medidas también han contribuido a acrecentar.
Al respecto, Voght y Ventura aseguran que si se revocan las licencias específicas, las consecuencias no solo no se alinearían con los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos, sino que “podrían generar costos no deseados para la oposición y el pueblo venezolano”.
En su artículo, detallan que las consecuencias económicas de la crisis petrolera de Venezuela -provocada también por la imposición de las sanciones- intensificaron una ola de emigración que había comenzado en 2015. “Pero las sanciones no lograron desalojar a (Nicolás) Maduro, y las encuestas, tanto internas como entre la diáspora del país, mostraron que eran impopulares entre la mayoría de los venezolanos”.
De la “máxima presión” de Trump a las licencias de Biden
David Voght y Patricia Ventura señalan que las sanciones más estrictas impuestas durante el primer gobierno de Donald Trump, las cuales se expandieron hasta convertirse en una campaña de “presión máxima” que prohibió a las compañías petroleras estadounidenses operar en el país y amplió el riesgo de sanciones a empresas no estadounidenses, contribuyeron a una caída abrupta de la producción de petróleo en Venezuela.
Se desplomó de 1,6 millones de barriles diarios en enero de 2019 -cuando se impusieron amplias sanciones a Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- a 430.000 en julio de 2020, “aunque los efectos de la subinversión a largo plazo, los apagones nacionales y la COVID-19 también afectaron las operaciones petroleras durante este período”, agregan.
Dos años después de la administración de Joe Biden, la política cambió. En noviembre de 2022, la OFAC comenzó a emitir licencias que han permitido a varias transnacionales operar en Venezuela y, entre otras cosas, han podido amortizar las deudas que tenían con el gobierno venezolano.
“La suspensión de las licencias traería un perjuicio para las empresas que las ostentan, ya que se suspendería de inmediato el instrumento que les permite la amortización de sus respectivas deudas y para Venezuela el no poder contar con la operación de esos socios”, afirma Dobarro.
Además de ello, Voght y Ventura destacan que los titulares de licencias específicas canalizan cientos de millones de dólares estadounidenses hacia la economía venezolana a través de bancos privados y que “muchos economistas coinciden en que el flujo de estos fondos hacia la economía nacional juega un papel crucial en la estabilización del tipo de cambio y el manejo de la inflación, lo que beneficia a todos los venezolanos”.
EEUU: es el mercado natural para Venezuela
Para Dolores Dobarro, el mercado estadounidense es el mercado natural de Venezuela y “el de mayor realización para nuestros crudos y para ellos (Estados Unidos) igualmente es ventajoso tener un suplidor cercano y con calidades que son satisfactorias para el parque refinador del Golfo. Con las licencias otorgadas se abrió la posibilidad de tener mayores ingresos, estables y un aumento de producción que ha sido estable en el tiempo”.
Así que si las sanciones regresan, a criterio de Voght y Ventura, “Pdvsa recuperaría total discreción sobre los ingresos generados por aproximadamente 300.000 bpd de exportaciones de crudo, dando al gobierno de Maduro acceso directo a más dinero del que recibe actualmente, sin requisitos de transparencia sobre cómo lo utiliza”.
Además, añaden que las ventas de crudo se desviarían a China desde Estados Unidos, Europa y la India. “Grandes descuentos subsidiarían efectivamente las importaciones chinas a expensas del pago de la deuda de las empresas occidentales. Pdvsa probablemente volvería a depender de Irán (en lugar de la costa del Golfo de Estados Unidos) para el suministro de diluyentes”, puntualizan.
Así se han “eludido” las sanciones
Pdvsa, expresan Voght y Ventura, también “aprendió rápidamente cómo eludir las sanciones. Las sanciones secundarias destinadas a impedir que las empresas vendieran petróleo venezolano en el extranjero fueron superadas a través de una extensa red de comerciantes fantasmas”.
Como resultado, apuntan los expertos, a finales de 2020 China e Irán se habían convertido en los principales socios comerciales de Venezuela. Entre julio de 2021 y julio de 2023, Venezuela importó más de 35 millones de barriles de condensado iraní como diluyente utilizado para producir entre 400.000 y 500.000 bpd de petróleo crudo extrapesado.
“Durante este período de dos años, los comerciantes iraníes adquirieron más de 47 millones de barriles de crudo a cambio de ese condensado, y casi todos los envíos se dirigieron a China de forma clandestina y con grandes descuentos. Estos intercambios eludieron las sanciones y fortalecieron los lazos entre Venezuela e Irán”, expresan.