El CNE no da su brazo a torcer en las condiciones electorales

A pocos meses para las elecciones parlamentarias, el Consejo Nacional Electoral sigue sin ofrecer garantías y condiciones que generen confianza para que la población pueda asistir a los comicios. Así lo denuncian la asociación civil Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano.

“El directorio del Consejo Nacional Electoral impuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cometió innumerables violaciones simultáneas a la Constitución de la República, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y a la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) con la publicación del reglamento especial para regular la elección de la representación indígena en la Asamblea Nacional 2020”, señala Súmate.

Agrega que el nuevo sistema electoral que diseña el reglamento especial para la elección de la representación indígena ante el Parlamento es un grave retroceso en el reconocimiento y respeto a los derechos políticos, y una afrenta a la dignidad de los ciudadanos venezolanos descendientes de los pueblos originarios, ya que subestima su capacidad en el ejercicio de su derecho a elegir y ser elegido.  

Súmate enumera las “más graves violaciones a la Constitución y leyes electorales en las que incurrieron los rectores del CNE con la aprobación y publicación de este reglamento especial para la elección de los tres diputados que le corresponde a la representación indígena en la Asamblea Nacional”.

Se viola el artículo 63 del texto constitucional, que establece taxativamente que el sufragio es un derecho que se ejerce “mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…”.

El reglamento especial viola los principios constitutivos del sufragio en el sistema electoral diseñado para la elección de los Diputados Indígenas, ya que el voto: 

No es libre: La participación de los ciudadanos indígenas ahora deberá hacerse en Asambleas Comunitarias sin condiciones claras y en las que no se les garantiza el ejercicio de su voto con libertad, ya que en las mismas pueden ser objeto de intimidación y coacción por parte de las autoridades de las comunidades indígenas.

No es universal: La participación universal a los miembros de los pueblos originarios en edad de votar no está garantizada en las denominadas Asambleas Comunitarias para elegir a sus voceros.

No es directo: El mecanismo de elección de “voceros” implica la construcción de una votación indirecta, ya que serán éstos quienes ejercerán la representación de los pueblos originarios en las denominadas Asambleas Generales. Las primeras asambleas se visualizan como una especie de colegios electorales, transformando la elección en una votación de segundo grado.

El director de Súmate, Francisco Castro, considera que el CNE “no ha emitido ninguna señal de que se esté trabajando en lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como mecanismo de expresión y cambio en democracia”.

“Dar respuesta a todos estos problemas que afectan la integridad de los procesos electorales en todos sus aspectos es crucial para motivar la participación ciudadana la credibilidad y la legitimación nacional e internacional. Estas elecciones que se pretenden celebrar en diciembre lejos de contribuir a la crisis política económica y social del país que vivimos, podrían empeorarla”, advirtió.

El Observatorio Electoral Venezolano destaca en su más reciente informe que continúa empañándose el panorama de este proceso. “Funcionaron 122 puntos menos de los anunciados en la jornada del Registro Electoral, el CNE tiene un nuevo rector distinto al suplente del renunciante Rafael Simón Jiménez, los partidos de la actual mayoría parlamentaria no postulan candidatos y Europa observa que no se reúnen las condiciones para un proceso transparente, inclusivo, libre y equitativo”, subraya.

“24 horas después de formalizada la dimisión de Rafael Simón Jiménez, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia volvió a aplicar el procedimiento de la omisión legislativa. El nombre de Morales para sustituir a Jiménez no figuraba entre los 10 rectores suplentes que designó el mismo Poder Judicial el pasado 12 de junio en la noche. Ha debido ser el primer suplente de Jiménez quien automáticamente asumiera el cargo del renunciante, como ha apuntado el OEV. El TSJ, entonces, desconoció en este sentido su propia decisión de junio”, explica.

Participación de los partidos

Un grupo de 27 partidos políticos, entre los cuales están casi todas las bancadas de la oposición con diputados en la Asamblea Nacional y dos organizaciones de representación indígena, acordaron de manera unánime, el pasado 2 de agosto, no participar en las próximas elecciones parlamentarias, que consideran un “fraude electoral”. 

Argumentaron sus razones en un manifiesto titulado “Unidos debatimos y unidos decidimos: NO participaremos en el fraude, SÍ lucharemos por verdaderas elecciones libres”.

“El líder de la oposición, Juan Guaidó, recién reiteró las que considera unas condiciones centrales para tener unas elecciones viables: tener un CNE independiente y electo por la Asamblea Nacional, participación plena de todos los partidos políticos, devolver los símbolos de los partidos a sus legítimos líderes, ofrecer un calendario electoral para unas votaciones presidenciales y parlamentarias y observación internacional”, agrega. 

Sin embargo, el Observatorio Electoral Venezolano destaca que “el 8 de agosto se hizo público otro comunicado, en el cual 17 partidos políticos nacionales informan su intención de participar en las elecciones parlamentarias y exhortan a los venezolanos a no abstenerse a la convocatoria del CNE”.

“Con todo lo planteado, el CNE tiene vigentes 107 organizaciones con fines políticos para las elecciones de la próxima Asamblea Nacional: 30 partidos nacionales y 53 regionales, junto a 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 regionales”, añade. 

Ante este escenario, actores de la comunidad internacional como la Unión Europea, el Grupo de Lima, Estados Unidos y la secretaría de la Organización de Estados Americanos anunciaron que no reconocerán las elecciones en Venezuela por carecer de transparencia y confiabilidad.

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