El denominado “proceso de negociación y diálogo” entre la dictadura y el gobierno legítimo de Venezuela, iniciado en México con la firma del acta de entendimiento de 13 de agosto de 2021, ha servido hasta ahora para fortalecer y dar ventajas al régimen de Nicolás Maduro permitiéndole repetir su método de “dictadura electoralista” y levantando sanciones económicas que favorecen a Cuba. La repetida suspensión de las reuniones por la dictadura de Venezuela por causa del reo Alex Saab prueba que son tratativas con el crimen organizado al que se le otorga condición política.
La primera ventaja de la dictadura de Venezuela fue la apertura de la negociación y diálogo en si mismos porque marcó el fracaso del denominado “gobierno legítimo de Venezuela” con Juan Guaidó de cumplir su “ley estatuto para la transición a la democracia” en cuyo articulo 2 definieron que: “A efectos del presente Estatuto se entiende por transición el itinerario de democratización y reinstitucionalización que incluye las siguientes etapas: liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela, conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional y celebración de elecciones libres”.
En el mismo estatuto establecieron en artículo 8 “la inexistencia de presidente electo”, en su articulo 9 “la usurpación de la Presidencia de Venezuela” por Nicolás Maduro; articulo 10 la “ineficacia de la autoridad presidencial usurpada”; articulo 14 “El Presidente de la Asamblea Nacional es, de conformidad con el articulo 233 de la Constitución, el legítimo Presidente encargado de la Republica Bolivariana de Venezuela”.
Estas disposiciones y el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela por casi 60 países que incluyen a Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos y más acreditan otra ventaja para la dictadura con el diálogo en México, pues dialogan con la oposición, la dictadura no reconoce al gobierno legítimo y este se desconoce apareciendo como “Plataforma Unitaria” (una parte de la oposición, no el gobierno).
El 13 de agosto de 2021 se firmó en México el “memorando de entendimiento” por Jorge Rodríguez a nombre del gobierno de Maduro y Gerardo Blyde por la llamada “Plataforma Unitaria”, que expresa la disposición de “acordar las condiciones necesarias para que se llevan a cabo los procesos electorales consagrados por la Constitución con todas las garantías y entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones internacionales”.
Luego anunciaron como acuerdos iniciales para las elecciones de alcaldes y gobernadores, rompiendo tres años de boicot y llamados a la abstención por falta de condiciones de democracia. Escribieron: “Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”. Se trata de elecciones con presos políticos, en medio de torturas probadas, con la muerte de presos políticos como el general Baduel, con perseguidos y enjuiciados y violaciones institucionalizadas de derechos humanos, sin Estado de Derecho. Acuerdan participar en la “dictadura electoralista en la que el pueblo vota pero no elige”.
Más ventajas: una “cantidad indeterminada de levantamientos de sanciones”, que han producido hechos notorios como la llegada de buques petroleros de Irán a Venezuela con petróleo que luego es re-despachado a Cuba y otros, entre los que destaca la presencia de Nicolás Maduro en México sin que se cumpla la orden de captura internacional con recompensa de 15 millones de dólares.
Aún más, el régimen ha obtenido su “legitimación como sujeto de crédito de los organismos internacionales”, pues han declarado en México que: “Las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades de la pandemia por covid-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales”.
Con todas estas ventajas el dictador Maduro ha suspendido dos veces la negociación. La primera pretendiendo incluir al reo Alex Saab como diplomático, con el respaldo de Rusia y la segunda -que mantiene hasta ahora- en protesta por la extradición del mismo reo, declarando: «No asistiremos a la ronda que debía iniciarse mañana, en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión».
El cumplimiento de la ley, el juzgamiento de conspiraciones criminales trasnacionales, lavado de dinero y más delitos, son para los castrochavistas una “brutal agresión”, y tienen razón porque así es para el grupo de delincuencia organizada trasnacional que integran junto con los regímenes de Cuba, Bolivia y Nicaragua. El problema es que quienes negocian con ellos en México y quienes los auspician, ¿no se dan cuenta?
Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institutefor Democracy
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