La petrolera Citgo consiguió este viernes 5 de mayo una botella de oxígeno frente a acreedores del gobierno de Venezuela que intentan embargarla, pues que el juez federal Paul B. Matey, del Tercer Circuito acató favorablemente una moción interpuesta por la Junta Directiva ad Hoc de Petróleos de Venezuela, que es reconocida por el gobierno y el sistema de justicia de Estados Unidos.
«La moción de suspensión precedente se remite al panel de este Tribunal que decidirá sobre el fondo de estos recursos. Mientras tanto, se ordena una suspensión administrativa temporal: se SUSPENDEN los procedimientos adicionales en los seis recursos de apelación SUSPENDIDOS hasta nueva orden de este Tribunal», según el fallo del juez Matey, difundido por las partes y al que tuvo acceso El Estímulo.
Esta suspensión se refiere a los casos 23-1647, 23-1648, 23-1649, 23-1650, 23-1651, 23-1652, y 23-1781, incoados por un grupo de empresas extranjeras contra la República Bolivariana de Venezuela, en reclamo de dineros pendientes de pago tras expropiaciones ordenadas por el régimen chavista o incumplimiento de contratos comerciales.
Teóricamente también la decisión del juez da más tiempo a Citgo y a Venezuela para evitar su muerte por desguace, pues habría más tiempo para que se busque una solución negociada que incluya al gobierno de Nicolás Maduro, a los representantes de la oposición -cuya autoridad solo es reconocida por Estados Unidos y un puñado de países- y a los propios acreedores interesados en recupera su dinero y sus inversiones.
Estas empresas involucradas en este caso son: OI European Group B.V; Northrop Grumman Ship Systems, Inc, antes conocida como Ingalls Shipbuilding, Inc (en este caso contra el ministerio de la Defensa de Venezuela), ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd., y LDO (Cayman) XVIII Ltd, además de la minera canadiense Rusoro Mining Limited y Koch Minerals Sàrl y su filial Koch Nitrogen International Sàrl y la minera Gold Reserve Inc.
La revisión de estos recursos seguirá su curso en un «calendario perentorio» según el cual los apelantes deberán presentar sus escritos el 19 de mayo de 2023 o antes; los escritos de respuesta de los apelados deben ser presentados antes del 2 de junio de 2023 y los escritos de réplica deberán presentarse antes del 9 de junio de 2023.
Entre los apelantes está la Junta Directiva Ad Hoc de Pdvsa, que fue nombrada por el llamado gobierno interino que encabezó Juan Guaidó y que en honor a la verdad ha venido luchando en tribunales para detener estos procesos contra Citgo.
El presidente de esta junta, Horacio Medina, dijo en breves declaraciones a El Estímulo poco después del fallo del juez Matey, señaló que cuando el juez Leonard Stark dictaminó en 2018 en su sentencia de embargo a favor de Crystallex dejó claro que la figura del «alter ego» debía ser demostrado al momento de dictar la sentencia de embargo.
«En ese momento, para 2018, para él no era nada difícil darle crédito al argumento de Crystallex sobre el alter ego que ejercía Maduro en ese momento sobre Pdvsa y que obviamente tiene un histórico desde la época de Chávez», dijo Medina.
La petrolera Citgo consiguió este viernes 5 de mayo una botella de oxígeno frente a acreedores del gobierno de Venezuela que intentan embargarla, pues que el juez federal Paul B. Matey, del Tercer Circuito acató favorablemente una moción interpuesta por la Junta Directiva ad Hoc de Petróleos de Venezuela, que es reconocida por el gobierno y el sistema de justicia de Estados Unidos.
«La moción de suspensión precedente se remite al panel de este Tribunal que decidirá sobre el fondo de estos recursos. Mientras tanto, se ordena una suspensión administrativa temporal: se SUSPENDEN los procedimientos adicionales en los seis recursos de apelación SUSPENDIDOS hasta nueva orden de este Tribunal», según el fallo del juez Matey, difundido por las partes y al que tuvo acceso El Estímulo.
Esta suspensión se refiere a los casos 23-1647, 23-1648, 23-1649, 23-1650, 23-1651, 23-1652, y 23-1781, incoados por un grupo de empresas extranjeras contra la República Bolivariana de Venezuela, en reclamo de dineros pendientes de pago tras expropiaciones ordenadas por el régimen chavista o incumplimiento de contratos comerciales.
Teóricamente también la decisión del juez da más tiempo a Citgo y a Venezuela para evitar su muerte por desguace, pues habría más tiempo para que se busque una solución negociada que incluya al gobierno de Nicolás Maduro, a los representantes de la oposición -cuya autoridad solo es reconocida por Estados Unidos y un puñado de países- y a los propios acreedores interesados en recupera su dinero y sus inversiones.
Estas empresas involucradas en este caso son: OI European Group B.V; Northrop Grumman Ship Systems, Inc, antes conocida como Ingalls Shipbuilding, Inc (en este caso contra el ministerio de la Defensa de Venezuela), ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd., y LDO (Cayman) XVIII Ltd, además de la minera canadiense Rusoro Mining Limited y Koch Minerals Sàrl y su filial Koch Nitrogen International Sàrl y la minera Gold Reserve Inc.
La revisión de estos recursos seguirá su curso en un «calendario perentorio» según el cual los apelantes deberán presentar sus escritos el 19 de mayo de 2023 o antes; los escritos de respuesta de los apelados deben ser presentados antes del 2 de junio de 2023 y los escritos de réplica deberán presentarse antes del 9 de junio de 2023.
Entre los apelantes está la Junta Directiva Ad Hoc de Pdvsa, que fue nombrada por el llamado gobierno interino que encabezó Juan Guaidó y que en honor a la verdad ha venido luchando en tribunales para detener estos procesos contra Citgo.
El presidente de esta junta, Horacio Medina, dijo en breves declaraciones a El Estímulo poco después del fallo del juez Matey, señaló que cuando el juez Leonard Stark dictaminó en 2018 en su sentencia de embargo a favor de Crystallex dejó claro que la figura del «alter ego» debía ser demostrado al momento de dictar la sentencia de embargo.
«En ese momento, para 2018, para él no era nada difícil darle crédito al argumento de Crystallex sobre el alter ego que ejercía Maduro en ese momento sobre Pdvsa y que obviamente tiene un histórico desde la época de Chávez», dijo Medina.
«Esa es la razón por la cual decidimos pedir esta suspensión de emergencia que ha servido de manera importante luego del dictamen absolutamente inconveniente y contradictorio del Departamento del Tesoro que induce, permite o le dice al juez Stark que puede ir al proceso de subasta, cuando nosotros estamos diciendo desde el principio que vamos a ejercer el derecho de apelación el 19 de mayo», explicó Medina.
AN 2015 aclara situación de Citgo
Desde Asamblea Nacional de Venezuela electa en el año 2015 se informó la mañana de este sábado la situación de CITGO Petroleum, explicando que las prácticas generalizadas de corrupción, expropiaciones masivas y endeudamiento excesivo e irresponsable de los gobiernos de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro causaron el colapso de la industria petrolera y centenares de demandas judiciales en el extranjero en contra de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de sus empresas filiales.
El Parlamento legítimo aseguró que una de las filiales de PDVSA más perseguida judicialmente ha sido Citgo Petroleum Corporation (CITGO), demandada en tribunales de los Estados Unidos de América desde 2008, entre muchos otros, por Crystallex International Corporation (CRYSTALLEX) y por ConocoPhillips Company.
A través de un comunicado la Asamblea Nacional detalló que a partir de 2019 CITGO pasó a ser resguardada por el Gobierno encargado de Juan Guaidó y entonces el Gobierno encargado y la Procuraduría Especial de la República Bolivariana de Venezuela plantearon una estrategia de actuación en los tribunales de los Estados Unidos de América que privilegió el activismo judicial sobre las posibilidades de negociación con los acreedores del Estado venezolano. Sin embargo, ninguna de las sentencias de los tribunales norteamericanos fue ejecutada ni los acreedores del Estado venezolano cobraron sus acreencias debido a la protección que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha brindado desde 2019 a CITGO, a través de licencias ejecutivas emitidas por el Departamento del Tesoro.
Añadiendo que como consecuencia del avance del proceso de ejecución de la sentencia del caso CRYSTALLEX la protección otorgada por el Gobierno de los Estados Unidos ha cambiado a través de la reciente Licencia No 42 que dispone que los acreedores extranjeros que invocan la tesis del “alter ego” sí pueden cobrar sus acreencias actuando en contra de CITGO después de cumplirse con un eventual proceso de negociación que involucre y vincule a la República de Venezuela.
Por lo que en esté sentido, la Asamblea Nacional señaló que la responsabilidad de formular y ejecutar la estrategia de negociación con los acreedores extranjeros corresponde a la Junta Administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela, agregando que el Parlamento legítimo “emplaza a la Junta Administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela a actuar sin dilaciones para preservar la propiedad de CITGO y para que busque soluciones que no pongan en riesgo la integridad de dicho activo del Estado venezolano en el extranjero”.
Finalmente, el legítimo Parlamento Nacional hizo un llamado al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que mantengan la protección, amplia y suficiente, que garantice la búsqueda de soluciones que no comprometan la integridad de CITGO y aseguren que esta continúe siendo propiedad del Estado venezolano.
Fuente: El Estimulo y AN 2015