A cinco años desde su creación, el petro, la criptomoneda oficial venezolana sancionada por Estados Unidos, estaría a punto de llegar a su fin, con una medida que ejecutará la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), de acuerdo con información de Bloomberg Línea, atribuida a tres fuentes familiarizadas con la medida.
De manera que el gobierno de Nicolás Maduro estaría evaluando eliminar, en un proceso «paulatino y orgánico», el petro, el cual fue creado para enfrentar las sanciones estadounidenses y abrir un sistema de pagos no vinculado directamente con el dólar estadounidense.
Según Bloomberg Línea, la decisión de suprimir el petro forma parte de las consecuencias de la intervención de la Sunacrip, institución responsable de regular el «ecosistema cripto» en Venezuela, cuyo jefe, Joselit Ramírez, se vio envuelto en un entramado de corrupción con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
En diciembre de 2017, Maduro, presentó el petro como la primera moneda digital emitida por un Estado y respaldada por los recursos naturales del país, como el petróleo y los minerales.
Sin embargo, desde su lanzamiento en febrero de 2018, el petro ha sido cuestionado por expertos, legisladores y organismos internacionales, que lo consideran una forma de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y una operación fraudulenta.
Bloomberg recuerda que «la cadena de bloques del petro experimentó a finales de mayo una parada que alertó a usuarios y miembros activos de la comunidad de criptoactivos en Venezuela. La Asociación Nacional de Criptoactivos denunció la situación y alertó que los usuarios del petro se encontraban en un estado «de indefensión y oscuridad».
Los planes ahora estarían enfocados -según la agencia de noticias- en cancelar la deuda que mantiene el gobierno venezolano con los acreedores del petro, incluyendo las tiendas por departamentos en Venezuela, que incluyeron la criptomoneda como método de pago.
Si bien no se conoce el monto de esta deuda, un desarrollador consultado por Bloomberg Línea señala que puede ser elevada. El riesgo es que el mecanismo de cancelación ajuste estos pasivos al tipo de cambio oficial, lo que podría inducir pérdidas a los acreedores.